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Téngase presente

Noticias sobre educación 2020

2 septiembre, 2011

La reunión que sostendrá el Presidente con el movimiento estudiantil es una instancia que deseamos permita iniciar la solución definitiva del conflicto. Éste se inició en prácticamente los mismos términos y con los mismos temas que el movimiento estudiantil del 2006, con muchos de los mismos actores y balances de fuerzas en el Congreso.  En […]



La reunión que sostendrá el Presidente con el movimiento estudiantil es una instancia que deseamos permita iniciar la solución definitiva del conflicto. Éste se inició en prácticamente los mismos términos y con los mismos temas que el movimiento estudiantil del 2006, con muchos de los mismos actores y balances de fuerzas en el Congreso.  

En este momento clave, queremos hacer presente que el corazón de la crisis radica en que cada año siguen egresando de Educación Media 100.000 jóvenes  que no comprenden lo que leen, que son absorbidos con una alta tasa de deserción (65% en los dos quintiles más pobres) por el desregulado sistema de educación superior y/o el mercado laboral.

Hay medidas urgentes que no pueden esperar. Por eso, el gobierno debe concordar –de manera transparente- con los actores relevantes su calendario de reformas y gastos –aunque sea a nivel aproximado- para la educación parvularia, escolar y superior durante el resto del período. A juicio de Educación 2020, es indispensable poner fecha y recursos a las siguientes medidas:  

1.- Poner en marcha a la brevedad la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad que se contemplraron en la LGE hace ya tres años. Solo así se podrán controlar algunas de las principales infracciones a las normas vigentes que cometen algunos sostenedores públicos y privados, con y sin fines de lucro, como la selección de alumnos en Básica, la integración de un 15% de alumnos vulnerables para recibir subvención JEC, la existencia de Asesorías Técnicas Educativas (ATE) de dudosa calidad, por nombrar algunos de los problemas que hoy se viven en el sistema educativo. La no-vigilancia del cumplimiento de la ley ha sido un hábito no sólo del sistema de educación superior, también del escolar.

Más aun, este sistema regulatorio debe transparentar el origen y destino de todos los recursos de los establecimientos educativos -escolar o superior-, y las relaciones financieras con entes relacionados; debe impedir que se escondan malos alumnos el día del SIMCE, y  evitar todo tipo de discriminaciones y segregaciones sociales.

Estos son elementos que introducen legítimas sombras de sospecha sobre el sistema, y que irritan a la ciudadanía tanto como el elevado costo de la educación superior, con la diferencia que los párvulos y los alumnos de básica no marchan ni hacen tomas. Si el sistema educativo escolar y universitario – público y privado – se hubiera transparentado obligatoria y oportunamente, posiblemente el conflicto actual tendría otro carácter.

2.- Avanzar en los compromisos establecidos en el Protocolo de Acuerdo firmado en el Congreso en enero de este año y que están detenidos: cobertura y calidad de educación parvularia; la reorganización integral de los liceos técnicos; la ley que convierte la prueba INICIA en obligatoria y el debate para hacerla habilitante para ejercer la docencia; una indispensable redefinición  del sistema de acreditación de la Educación Superior para mejorar la cuestionada calidad de las instituciones, y la reglamentación de la Ley de Calidad y Equidad, que permitiría iniciar el crucial proceso para contar con mejores directivos escolares en la educación pública, sin el cual no habrá reforma educativa exitosa del sistema público.

3.- Acelerar la nueva carrera docente que debe ser atractiva, digna, bien remunerada y exigente.
Esta es la reforma vital para transitar hacia una educación de calidad.  Resulta inexplicablemente que haya sido postergada hasta el 2012 y   se haya fragmentado su discusión  con el envío de la ley INICIA. No existe país con educación exitosa que tenga  profesores con deficiente formación inicial, rigideces laborales extremas, y que ganen en promedio un tercio de lo que ganan las 10 profesiones mejor remuneradas del país.  

4.- Asegurar la existencia de educación pública gratuita, de calidad y en la cobertura adecuada en todas las comunas de Chile. La supervisión de la nueva institucionalidad debe ejercerla entes regionales, que actúen como garantes ante el Estado de la existencia de una educación de calidad.  Si bien los alcaldes deben poder participar activamente en la nueva estructura, las instancias regionales deben estar conformadas por actores locales diversos y relevantes. Chile debe avanzar hacia la descentralización, no hacia la ya acentuada centralización.

Rescatar la educación pública, deteniendo su dramática caída,  va más allá de un cambio de institucionalidad, también se requiere crear capacidad y sanear de una vez y caso a caso los déficits de arrastre que existen en muchos municipios, cualquiera sea su origen. En caso contrario, la nueva institucionalidad nacerá quebrada.

5.- Modernizar la estructura de financiamiento de la educación.
La fórmula de la subvención por alumno, utilizada como incentivo para mejorar la asistencia a clases,  requiere una adecuación urgente ya que no refleja la estructura de costos real de los establecimientos ni satisface los requerimientos de calidad del sistema. El nuevo modelo debiera incorporar una multiplicidad de variables como recursos por asistencia, por aula, y por número de aulas -de tamaños mínimo y máximo-, adaptadas adecuadamente a las diferentes realidades geográficas, de vulnerabilidad y educativas en que operan diferentes sostenedores. Incluyendo las distintas variables, la subvención debe reflejar -como principio esencial- el costo real de educar a un niño en condiciones específicas, incluyendo los costos administrativos del manejo del sistema. Esto debiera permitir en el mediano y largo plazo a los municipios suspender los aportes cuantiosos que hoy  hacen al sistema.

6.- Establecer el acceso gratuito de todas los niños de familias vulnerables a la educación parvularia y escolar.
Si bien la segregación social tiene diversos orígenes y está culturalmente arraigada, el financiamiento compartido vino a fortalecer dicha tendencia.  En la medida en que la subvención contemple todos los elementos que implica entregar una educación de calidad, debiera planificarse su desaparición a medida que vayan aumentando los recursos a los establecimientos. Es muy distinto que los apoderados deseen hacer aportes voluntarios a una escuela, a que haya niños que no puedan ingresar a un determinado establecimiento por no poder hacer un copago obligatorio.

7.- Redefinir la forma en que el Estado entrega recursos en educación. Cualquiera sea el resultado de las negociaciones en torno al lucro en este ámbito, es indispensable concebir una nueva forma contractual para el traspaso de fondos a un sostenedor.  Debieran abandonarse las abundantes micro-normativas, que entorpecen el sistema, y establecerse un verdadero convenio de desempeño entre el Estado y el sostenedor, en el cual se comprometan -caso a caso- metas específicas y rigurosas no sólo en materia de calidad – entendida en un sentido amplio – sino también de equidad, transparencia financiera, integración escolar, no- discriminación, matrícula, respeto a las normas vigentes y otras condiciones educativas indispensables, así como márgenes máximos de utilidad. Estos acuerdos debieran ser de conocimiento público a través de comunicación directa a los padres y/o apoderados, al igual que el resultado anual del SIMCE.    Esta redefinición contractual sería una transformación radical, re-dignificando el sistema  de provisión mixta.

Este convenio debe regir tanto para la creación de nuevas escuelas y sostenedores, con requisitos claramente más exigentes que los actuales, como para la operación de las existentes. Esta redefinición conceptual sería una transformación radical del sistema escolar chileno en los últimos 30 años, creando y re-dignificando un sistema transparente de provisión mixta, en que los proveedores privados no compitan por matrícula sino que se complementen con los públicos, ambos de excelente calidad.

8.- Asignar los recursos pertinentes a las reformas necesarias.
Considerando crecimientos tendenciales del PIB y el Fondo de 4000 millones de dólares ofrecidos por el gobierno, los recursos son claramente insuficientes. El Fondo anunciado alcanza para una cuarta parte  de lo necesario   en educación parvularia y escolar. Las cifras resultan inconsistentes con la promesa del programa presidencial de duplicar la subvención entre el 2010 y el 2018.  Si es necesario priorizar, lo primero y más importante es  el acceso gratuito de todas las familias vulnerables al sistema parvulario y a la totalidad del sistema escolar subvencionado por el Estado. Otorgar  garantías constitucionales sin un plan con mecanismos concretos y sin  recursos, no pasará de ser letra muerta, corriéndose el riesgo de la judicialización del sistema educativo.

Finalmente, hacemos presente que si no se abordan todos estos aspectos, será muy difícil pensar en una educación escolar de calidad y, por lo tanto, más complejo aún resolver los problemas de la educación superior. Si las partes en conflicto se abren a flexibilizar posiciones, la crisis generada por este bienvenido reclamo estudiantil se puede transformar en una oportunidad única de cambio de nuestro sistema educativo, y avanzar hacia una sociedad más justa y menos segregada.

Educación 2020 mantiene su compromiso de apoyar y observar con máxima atención  el proceso legislativo y la posterior implementación de medidas por parte del Poder Ejecutivo y de los demás actores, a fin de informar permanentemente a la ciudadanía.

 

Lee la columna de Mario Waissbluth en La Tercera.

2 de septiembre del 2011

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