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¿Se cumple el derecho a la educación en Chile? Informe revela algunos de los grandes pendientes

12 diciembre, 2018

A propósito de los 70 años de la Declaración Universal de los DD.HH, este informe de Educación 2020 y Fundación Súmate advierte sobre aspectos en los que el país no ha cumplido.



A propósito de los 70 años de la Declaración Universal de los DD.HH, este informe de Educación 2020 y Fundación Súmate advierte sobre aspectos en los que el país no ha cumplido. Exclusión de estudiantes, falta de pertinencia cultural y deuda en la calidad formativa en la educación TP son algunos de ellos. Esta semana la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DD.HH) cumplió 70 años. Se trata de una fecha propicia para analizar si el Estado de Chile ha protegido el Derecho a la Educación, sobre todo considerando que en enero del 2019 el país rendirá el Examen Periódico Universal (EPU), que cada cuatro años revisa el avance en la protección y fomento de los DD.HH en los países que son miembros de la Organización de Naciones Unidas. En este contexto, la Fundación Educacional Súmate y Educación 2020 elaboraron el Informe Conjunto de la Sociedad Civil para el Examen Periódico Universal (EPU), documento complementario al que presenta el Estado, que también pueden realizar otras organizaciones. ¿El fin? Brindar una visión más completa e independiente respecto a los progresos y las grandes tareas pendientes en materia de Derechos Humanos. Cristian Miquel, asesor legislativo de Educación 2020, agregó que “realizamos este informe para revisar la situación educativa del país, porque ambas organizaciones compartimos la preocupación por hacer que el derecho a la educación sea una realidad para todos los niños, niñas y jóvenes de Chile, sin importar su condición socioeconómica, origen, nacionalidad o distinción de otra índole”. A continuación, presentamos los puntos más críticos sobre los cuales se alerta en este informe y las principales recomendaciones que se entregan, respectivamente: 1.- Derecho a la educación de jóvenes infractores de ley Estos jóvenes son un grupo de especial atención, no sólo porque en muchos casos han sido vulnerados en otros de sus derechos, sino también porque el derecho a la educación que es el mejor arma en contra de la injusticia les resulta esquivo. Pese a esto, y aunque cueste creerlo, “no existe financiamiento estable y suficiente para apoyar la reinserción de los jóvenes condenados bajo la ley de responsabilidad adolescente en régimen cerrado o semicerrado”, especifica Miquel. ¿Recomendaciones? 2.- Derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes excluidos del sistema El derecho a la educación no sólo debe contemplar el acceso, sino también la permanencia en un sistema que, además, debe ser de calidad. Sin embargo, la exclusión educativa no es un ámbito ajeno en la realidad nacional. De hecho, según un estudio del Mineduc (2016), 110 mil estudiantes no termina la secundaria en el país, cifra que se ha duplicado en los últimos seis años. Al respecto, Miquel señala que “asegurar la trayectoria educativa de un estudiante no sólo tiene un impacto intelectual, sino también mejora su calidad de vida, debido a que les entrega instrumentos de inserción social, les facilita el acceso a mejores oportunidades y les permite un desarrollo integral”. ¿Recomendaciones? 3.- Inclusión educativa de estudiantes migrantes En los últimos cinco años ha aumentado significativamente el número de personas extranjeras que llegan a vivir al país. Este fenómeno plantea importantes desafíos, sobre todo en el mundo educativo. En este sentido, el asesor legislativo de Educación 2020 manifiesta que “existen distintos desafíos para la efectiva inclusión educativa de estudiantes migrantes, que van desde el acceso a establecimientos hasta la efectiva participación en procesos educativos de calidad”. ¿Recomendaciones? 4.- Igualdad de trato para la Educación Técnica en el nivel secundario La Educación Técnico Profesional concentra el 40% de los estudiantes en los niveles escolares y superiores. Sin embargo, esta importancia no se ha visto reflejada en la prioridad que el país le ha otorgado a este sector en materia de financiamiento, institucionalidad y políticas públicas, sobre todo en el nivel secundario. Cristian Miquel agrega que esto es más preocupante si se considera que “en esta modalidad estudian los jóvenes de los sectores socioeconómicos más pobres de la población. Por eso necesitamos construir una educación técnica de calidad, de alto valor social, que reconozca trayectorias educativas flexibles y la pertinencia del territorio”. ¿Recomendaciones?

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