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Pagando los platos rotos

Columnas de opinión

23 diciembre, 2015

Por Mathías Gómez, investigador del área de Política Educativa de Educación 2020   En los episodios finales de esta teleserie llamada “Gratuidad de la Educación Superior”, luego de que la glosa presupuestaria fuera declarada inconstitucional, el Gobierno presentó su nueva fórmula a través de una ley corta. En este nuevo intento se optó por entregar […]



Por Mathías Gómez, investigador del área de Política Educativa de Educación 2020

 

En los episodios finales de esta teleserie llamada “Gratuidad de la Educación Superior”, luego de que la glosa presupuestaria fuera declarada inconstitucional, el Gobierno presentó su nueva fórmula a través de una ley corta. En este nuevo intento se optó por entregar gratuidad a todas las universidades estatales, sin distinciones, y a aquellas universidades privadas con 4 o más años de acreditación y cuyos controladores no sean personas jurídicas constituidas con fines de lucro. ¿Las instituciones técnicas? Para ellos no hay gratuidad, pero habrá más becas.

Lo positivo. Por fin se eliminó la pertenencia o no al Cruch como criterio para la asignación de recursos. Este criterio no ha hecho más que mantener el privilegio de unos por sobre otros, sólo en base a su antigüedad. Por otra parte, aplaudimos la incorporación a la gratuidad de las universidades estatales. Con esto, el Estado por fin comienza a asumir la responsabilidad que tiene con sus instituciones, dando un paso simbólico, pero firme hacia el fortalecimiento de la educación pública universitaria. Ambas medidas nos parecen importantes avances, y deben ser un precedente en la discusión de la esperada Reforma de la Educación Superior.

Lo negativo. A pesar de que el gobierno lo consideró en su propuesta inicial, hoy la gratuidad no considera a Centros de Formación Técnica (CFTs) ni Institutos Profesionales (IPs). La sentencia del Tribunal Constitucional imposibilita establecer criterios específicos, por cuanto exigir acreditación y ausencia de lucro resulta inviable en este sector. El problema es que sólo el 39% de las instituciones y el 13% de las carreras técnicas está acreditada, y que, al estar permitido el lucro, no tenemos la certeza de que los recursos se destinarán a la calidad de la educación de los jóvenes o a las vacaciones de los dueños de turno.

¿La solución? El gobierno propone más y mejores becas para la educación técnico profesional.

Más allá de que hemos repetido que becas no es gratuidad, el principal problema es que una vez más las y los estudiantes de educación técnica son postergados. El sector que recibe a prácticamente la mitad de la matrícula de educación superior pagará los platos rotos de una disputa entre un gobierno que quiere dar gratuidad el 2016 a toda costa y una oposición que históricamente se ha opuesto a la regulación del sistema, buscando entregar los recursos públicos sin criterios mínimos de calidad y transparencia.

El desafío de mejorar la educación técnica no se resuelve sólo entregando mayores recursos, pero en lo inmediato urge –al menos– definir un mecanismo para que CFTs e IPs puedan transformarse en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, manteniendo acreditación, antigüedad y derechos adquiridos. Este es el primer paso para comenzar a incorporarse a los cambios que se vienen.

La primera temporada de la teleserie terminó, pero se viene la más importante: la batalla por un sistema de educación superior realmente regulado, con calidad, con una Educación Pública fortalecida y donde la educación técnica tenga el lugar que merece y no siga pagando los platos rotos.

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