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Otra ilegalidad educativa tolerada

Columnas de opinión

16 mayo, 2013

Por Mario Waissbluth, Coordinador Nacional y Presidente del Directorio de Educación 2020.Publicada originalmente en Blogs La Tercera, 15 de mayo de 2013.  Los pingüinos marcharon el 2006. Poco lograron, salvo una nueva Ley General de Educación (LGE) aprobada en el Congreso en el 2008 con los brazos en alto por amplia mayoría de ambas coaliciones… […]



Por Mario Waissbluth, Coordinador Nacional y Presidente del Directorio de Educación 2020.
Publicada originalmente en Blogs La Tercera, 15 de mayo de 2013. 

Los pingüinos marcharon el 2006. Poco lograron, salvo una nueva Ley General de Educación (LGE) aprobada en el Congreso en el 2008 con los brazos en alto por amplia mayoría de ambas coaliciones… y que dejó las cosas más o menos iguales.

Los mayores logros de la LGE fueron a) abrir paso a la Ley de Aseguramiento de la Calidad, y b) a mi juicio la más importante: prohibir la selección académica o por antecedentes socioeconómicos de los padres, en todas las escuelas particulares o públicas que imparten educación básica, financiadas con recursos del Estado.

El Artículo 12 de la Ley dice: “En los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado, que posean oferta educativa entre el primer nivel de transición y sexto año de la educación general básica, en ningún caso se podrá considerar, en cada uno de estos cursos, el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante”.

Esta ley tiene todo el sentido del mundo. Un chico de 6 ó 9 años que no ha pasado tiempo significativo en el sistema escolar, prácticamente lo único que trae a la escuela es el capital cultural de su familia. Si el chico proviene de familia acomodada, con padres que entienden lo que leen, y con mejor uso del lenguaje, EVIDENTEMENTE va a rendir mejor en un examen de selección. Con esto, antes de la LGE estábamos generando, con subsidio público, una DESigualdad de oportunidades desde el inicio de la carrera escolar.

Pues bien, un porcentaje significativo de las escuelas particulares subvencionadas han ignorado olímpicamente esta norma, violando la Ley. ¿Por qué la violan? Simple. Porque les «empeora el negocio». Seleccionar mejora su «valor accionario y comercial» que es… el resultado del SIMCE, y así pueden salir mejor parados en los condenados “ranking”, aumentar su demanda, lograr más recursos para el crecimiento, quitarle alumnos a los competidores, etc.

El año 2011, en un esfuerzo conjunto entre La Tercera y Educación 2020, nuestros voluntarios llamaron por teléfono a las «100 mejores escuelas del SIMCE» (grotesco concepto promovido activamente por la prensa), y pudieron constatar la ilegalidad, simplemente haciéndose pasar por apoderados que quieren inscribir a sus hijos. El resultado lo expresa con nitidez el titular de aquel reportaje, aquí disponible: La Mitad de los Colegios con Aporte Estatal y Mejor Rankeados en el SIMCE Pide Requisitos de Ingreso ¿Ud. cree que al Mineduc se le remeció alguna hormona? ¿Fiscalizaciones? ¿Sanciones? Nada.

Este año hicimos otra «fiscalización ciudadana». Utilizamos la base de datos del Mineduc, que incluye 3105 establecimientos particulares subvencionados. Aleatoriamente seleccionamos el 5% de la muestra, ordenada por región y comuna, es decir 138 establecimientos, de los cuales sólo 67 poseen sitio web. De esos, 39 no proveen información alguna sobre sus procesos de admisión. De los 28 restantes, fíjese bien, 22 colegios, es decir el 78 % de aquellos que proporcionan información fidedigna en la web, SI solicitan requisitos prohibidos por la LGE, y sólo 6 declaran expresamente NO solicitar estos requisitos.

Violan la ley y lo ponen desvergonzadamente en su sitio web. Verifíquelo Ud. mismo para que nos crea. Busque aleatoriamente en la misma base de datos de colegios particulares. Pero hágalo rapidito porque apenas lean esta columna van a comenzar a «borrar la evidencia».

La violación a la ley del lucro en las Universidades ha sido tolerada, es grave, y es vistosa. Esta otra es más grave en sus consecuencias, pero menos vistosa. Total, ¿qué importa segregar niños en Básica y mandar a los menos aventajados a la educación municipal? Importa y mucho. No se hace en ningún país avanzado. Allá, el esfuerzo de CADA escuela es sacar adelante a todos los chicos, dándole atención especial a los más desaventajados. Además, es otra de las innumerables y sutiles maneras de convertir a nuestras escuelas públicas en guetos socioeducativos, para luego desprestigiarlas.

Por cierto, si algún periodista se apresura en hacer un reportaje sobre este tema, pregúntele qué pasó no sólo a los padres aceptados, sino especialmente a los damnificados, los padres de niños rechazados. Y si los sostenedores le contestan que “no, no seleccionamos, sólo lo hacemos para diagnosticar a los niños”… pregunte si acaso esas pruebas diagnósticas no las debieran haber hecho DESPUES y no antes de admitir a los alumnos.

Por cierto, reiteramos nuestra creencia en la libertad de elección de modelos educativos. No vemos inconveniente alguno en exigirle a los apoderados constancias del tipo: «Adhiero al proyecto educativo de la escuela», sea este Montessori,  cristiano o Hare Krishna. Pero por favor, no más gatos por liebres.

En suma, a nombre de los pingüinos del 2006 y lo poco que lograron, Educación 2020 se siente como Condorito de Cumpeo y dice «Exijo una explicación». Esta debiera implicar una Comisión Investigadora de la Cámara que analice porqué los sucesivos Ministros del 2009 a la fecha han fallado en la difusión y vigilancia de esta crucial legislación. Se podría haber hecho, simplemente, con llamadas telefónicas y consultas a sitios web, para posteriormente enviar fiscalizadores.

Si el gobierno actual, cuya coalición participó alegremente en la firma de la LGE, quisiera dar una muestra de compromiso con la equidad, bastaría con enviar al Congreso una breve enmienda al artículo 12 de la LGE, agregándole 6 líneas, para dejar este enojoso asunto meridianamente claro, que diga:

«En consecuencia, se prohíbe expresamente la solicitud de cualquier tipo de antecedente académico o socioeconómico en forma previa a la admisión del alumno. Cualquier diagnóstico del mismo deberá realizarse con posterioridad al proceso de admisión».

«Toda escuela subvencionada por el Estado deberá desplegar prominentemente una señal física y en su sitio web que indique el siguiente texto: EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, ESTA ESCUELA NO SOLICITA INFORMACIÓN ACADÉMICA O SOCIOECONÓMICA DE LOS POSTULANTES».

Uno esperaría que todos los parlamentarios levantarían las manos en unanimidad para aprobarla. ¿O no?

Post Data: La Agencia de la Calidad, por ley y desgraciadamente, basa 2/3 de sus mediciones de «calidad» en los resultados del SIMCE. ¿Contemplará entre sus sesudas ecuaciones la distinción entre aquellas escuelas que han violado la LGE de las que no la violaron? ….y por cierto… la flamante Superintendencia de Educación, ¿cómo ira a considerar una violación de esta envergadura a la Ley General de Educación? ¿Como falta leve? ¿Grave? ¿O será tal vez una que amerita la suspensión de la licencia?

Cómo denunciar irregularidades ante la Superintendencia de Educación.

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