Oportunidades para la convivencia democrática

Columna escrita por Arelis Uribe, periodista de Educación 2020 y Magíster en Comunicación Política
Publicada originalmente en El Mercurio de Valparaíso 

Ante la implementación de la Ley de Inclusión, la conversación se centró en el supuesto de que ahora niños, niñas y jóvenes podrán ir como quieran al colegio, sin sanción alguna. En realidad, la Ley no se inmiscuye en temas como el vestuario o la presentación personal de estudiantes. Tampoco en el contenido de los reglamentos. Más bien, promueve que cada colegio tenga normas de convivencia y que las sanciones allí establecidas no vulneren el derecho a recibir educación. Es decir, que la expulsión y la suspensión sean últimas medidas, en casos de real gravedad.

A partir de este debate, nos parece interesante otra reflexión, sobre las dinámicas políticas al interior los colegios. En nuestra experiencia en terreno, a través del Centro de Liderazgo Educativo de Educación 2020, hemos visto verdaderos ejemplos de convivencia democrática, cuando jóvenes tienen espacios para expresar su identidad —en jornadas de “jeans day”— y cuando el manual de convivencia es menos punitivo y recoge las voces de toda la comunidad educativa.

Dicho esto, quisiéramos conducir el debate hacia otros desafíos. Un estudio realizado por nuestra área de Política Educativa mostró, entre otras conclusiones, que muchos sostenedores se sienten en un limbo sobre la aplicación de la Ley de Inclusión.

Igual sentimiento se percibe en madres, padres y apoderados, confundidos y ansiosos por cambios como la gratuidad y el nuevo sistema de postulación y admisión a colegios. El fin del copago y la selección son mejoras innegables en la calidad de vida de miles de familias, que ya no sufrirán discriminaciones económicas ni de ningún tipo a la hora de elegir un colegio. El problema es que no lo saben. Por eso necesitamos de una campaña fuerte y masiva del Mineduc, que informe en cada escuela y liceo los detalles de esta ley.

También necesitaremos apoyo a docentes y directivos, para que enfrenten al desafío de educar en aulas diversas, en un país acostumbrado a las divisiones clasistas, racistas y de género, donde se estudia siempre entre iguales. Somos el país más segregado del mundo, la Ley de Inclusión es una oportunidad concreta para revertir esa realidad vergonzosa.