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Opinión de Educación 2020 sobre proyecto de ley que elimina lucro, copago y selección

Por Mario Waissbluth, Presidente Directorio Educación 2020. La semana pasada estuvimos en la Cámara de Diputados exponiendo nuestras observaciones a este proyecto de ley, y más en general, respecto al proceso de reforma escolar. Creemos importante transmitir  lo que allí dijimos, a ver si esta trifulca se ordena un poquito. Pero le advierto que el enredo […]



Por Mario Waissbluth, Presidente Directorio Educación 2020.

La semana pasada estuvimos en la Cámara de Diputados exponiendo nuestras observaciones a este proyecto de ley, y más en general, respecto al proceso de reforma escolar. Creemos importante transmitir  lo que allí dijimos, a ver si esta trifulca se ordena un poquito. Pero le advierto que el enredo no es fácil de explicar. Si busca consignas, lea otra cosita.

Para comenzar, y no será novedad para el lector, compartimos plenamente el Programa de Gobierno en Educación. Estamos convencidos de que, entre otras muchas cosas, es indispensable terminar con el lucro, el copago y la selección, como pilares fundacionales – más no únicos – de un modelo educativo que topó techo en materia de calidad, y fondo en materia de inequidad, segregación y demolición de la educación pública.

Como fue ya mencionado en el informe OCDE 2004 para Chile, el uso y abuso del mercado en la educación conlleva inconvenientes graves en materia de conductas segregadoras, tanto en sostenedores como en apoderados, que no son controlables por medio de la fiscalización. Esto no significa que los sostenedores o apoderados sean “malignos”, todo lo contrario, están actuando comprensiblemente de acuerdo a las reglas que el sistema les puso. No hay mercado educativo escolar en ningún país avanzado, pero aquí somos los genios que les vamos a enmendar la planilla.

El fin del lucro, copago y selección tiene como objetivo primordial disminuir la grave segregación social y académica.  Sin embargo, debe quedar claro que esto, por sí solo, no terminará definitivamente con la presión del mercado, la cual tiene también su origen en el subsidio a la demanda (o voucher) y en el abuso de los tests estandarizados como herramienta de mercado, los cuales deberán ser también morigerados a la brevedad si se desea que esta ley surta pleno efecto.

Dicho lo anterior, tenemos observaciones significativas a la propuesta del gobierno, respecto al CÓMO, al CUÁNDO, EN QUÉ SECUENCIA Y CON QUÉ VELOCIDAD debieran aplicarse – decidida pero gradualmente – los diferentes componentes de una reforma que tomará no menos de 10 años en materializarse si es que la hemos de implementar adecuadamente:

No se ha explicado suficientemente que esta reforma, para que funcione, debe abordar 11 temas, y que esta ley sólo aborda 3 de los 11. No sabemos cuando vendrán los demás, ni cómo.

  1. Eliminación del Lucro
  2. Eliminación del Copago
  3. Eliminación de la Selección y Expulsión Arbitraria
  4. Morigeración del Subsidio a la Demanda como Herramienta de Competencia
  5. Morigeración de los Tests como Estructura Básica de Competencia
  6. Nueva Educación Pública
  7. Nueva Política Nacional Docente, Parvularia y Directiva
  8. Cobertura y Calidad Preescolar
  9. Reforma Integral de los Liceos Técnicos
  10. Simplificación Curricular y Burocrática
  11. Innovación Pedagógica

NUESTRAS PROPOSICIONES GENERALES RESPECTO A LA REFORMA EDUCATIVA

Tomó 35 años llegar a esta situación. No hay salida salvo desarrollar gradualmente las 11 reformas mencionadas anteriormente. Solicitamos entonces que el gobierno presente un calendario e itinerario claro del conjunto de la reforma educativa, que la ciudadanía conozca y que sea ampliamente explicado y discutido.  Es necesario que este itinerario contemple una adecuada secuenciación de todos estos componentes, entendiendo que el orden de los factores SI altera el producto.

Proponemos que se opte por acelerar al máximo posible la aprobación de esta ley, de modo de terminar con la incertidumbre del sistema escolar, pero con gradualidad y sin apresuramiento en la implementación de cada uno de estos cambios, que involucran a millones de alumnos, apoderados, profesores, funcionarios, sostenedores y alcaldes. Las culturas, prácticas y actitudes construidas durante décadas no se cambian por decreto legislativo.

Es urgente también que se divulgue, en conjunto con este itinerario, aunque sea de manera aproximada, la asignación de prioridades financieras a cada uno de los componentes de esta reforma para todo el período de gobierno. Así, se clarificarían las hasta ahora estériles discusiones sobre las prioridades de la reforma. Que si se toma en cuenta la calidad, que si no, que si la preescolar, que no, que si los profesores, que no. Paremos la fiesta de declaraciones vacías

RESPECTO AL FIN DE LA SELECCIÓN

Compartimos la necesidad de terminar con la selección (y expulsión arbitraria) en todo el sistema preescolar y escolar. Respecto a la reñida polémica de los liceos de excelencia, bicentenarios, emblemáticos y demás… tal y como se hace en otras latitudes,  creemos que es aceptable mantener un pequeño porcentaje, en cada provincia, de establecimientos de educación media que puedan seleccionar por consideraciones especiales de carácter académico específico (ciencias sociales, matemáticas, etc.), artístico, deportivo, o de formación técnica especializada, en un plan regional debidamente elaborado. Estas no deben ser decisiones centralizadas, ni estos establecimientos quedar definidos por ley.

Transitar de la selección a la no-selección es un cambio mayor en términos de: a) cultura y costumbres de alumnos, apoderados, profesores y directivos, b) complejidad técnica en su implementación informática y comunicacional, c) necesidad de reentrenamiento y apoyo a profesores acostumbrados a trabajar en aulas seleccionados, para abordar aulas integradas. Por ende, proponemos gradualidad, tanto en términos de pruebas piloto regionales, como de velocidad de incorporación de alumnos sorteados, por ejemplo primer año 25%, segundo año 50%, etc.

Para apaciguar los temores, respetables pero infundados,  es necesario un monitoreo riguroso y divulgación de los impactos del proceso. Estamos convencidos que es posible integrar adecuadamente las aulas, pero es necesario que esto se le demuestre empíricamente a apoderados y profesores.

RESPECTO AL FIN DEL COPAGO

Esta implementación debe ser aun más gradual que el fin de la selección, y correr en paralelo con el fortalecimiento de la educación pública y la carrera docente, de manera de no desequilibrar el sistema ni financiera ni institucionalmente.

El principio básico: debe congelarse ahora, en moneda constante, el tope del copago, y sin importar cuanto tiempo tome, a la larga todos los alumnos del sistema subvencionado y municipal no deben recibir menos que lo que reciben ahora, y lo terminen recibiendo completamente de manos del Estado, ya sea por subvención general, preferencial, o cualquier modalidad de financiamiento que se diseñe. De respetarse este principio, se acaba la trifulca de qué hacer con los copagos mayores de $40 mil.

Nadie debiera olvidar, además, que los aportes del Estado deberán a futuro ir modificándose en sus modalidades, combinando financiamiento a la oferta (por aula, número de aulas y complejidad del sostenedor), con financiamiento a la demanda (per capita y asistencia), con subvención preferencial, y eventualmente, con financiamiento directo a los profesores en la Carrera Docente, tanto en el sector particular subvencionado como público.

Para más remate, creemos que en la ley es recomendable diferenciar el momento de inicio de la subvención por gratuidad, respecto a la subvención preferencial de clase media, para equilibrar la carga financiera del conjunto de la reforma. Más platita a la educación pública primero, luego disminuimos los copagos tan queridos por algunas mentes segregadoras.

RESPECTO AL FIN DEL LUCRO EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR

Prepárese, este parrafito es aun más latoso pero necesario por esas complicaciones del “gestor inmobiliario” y “los fierros”.  Usted sabe a qué me refiero.

Aunque se apruebe rápido, la implementación debe ser extra gradual. Es una operación compleja, que involucrará, en cualquier modalidad, negociaciones individuales y específicas con miles de sostenedores, que han hecho lo que la ley les dijo que podían hacer. Ojalá se pilotee en una o dos regiones.

Para que nadie ande con campañas del terror, afirmaremos que la meta ideal, por ejemplo a 15 años plazo, es que TODOS los colegios con fines de lucro (CFL) que cumplan con los requisitos de calidad continúen operando, pero en la modalidad sin fines de lucro (SFL). El ideal es evitar cierres de colegio, no promoverlos.

Esta modalidad nunca debió haberse aplicado en Chile. Sin embargo, si es que los Chicago boys and girls ya lo hicieron, y hasta hoy es legal, los sostenedores deben ser razonablemente retribuidos por su inversión, una vez descontados los aportes del Estado.

Es necesario, eso sí, a largo plazo y en cómodas cuotas,  que todos los colegios, ahora transformados en SFL, incluidos los actuales, sean propietarios de sus activos principales. La razón esencial: no se pueden dejar los costos de la educación expuestos a las variaciones del mercado inmobiliario (p. ej. por instalación de una línea de Metro); ni a transacciones dudosas.

Si le gustan los lateros detalles legales/financieros, le diremos que,  para operar esta compleja transición, la modalidad esencial debiera consistir en que una empresa-colegio CFL le transfiera sus activos (sean estos propios o de una inmobiliaria relacionada), a la nueva Corporación SFL, y que la empresa-colegio CFL pueda recibir una justa compensación por el valor de los activos, con cargo a sus ingresos, sean estos provenientes del copago o de las subvenciones públicas, en los plazos que la ley estipule. Si esta compensación con cargo a los ingresos, por excepción, le restara recursos a la calidad, el Estado podrá proveer el remanente con cargo a recursos públicos.

Deben preverse también los casos en que una empresa-colegio CFL, o uno SFL, haya estado legítimamente arrendando a un tercero no relacionado. A largo plazo, su colegio SFL también debe convertirse en dueño de su activo, comprando o construyendo, y recurriendo para ello a ingresos del copago o la subvención.

En caso de que el sostenedor CFL no desee educar en modalidad SFL, las Corporaciones Locales o Municipios debieran, ahora sí que sí, poder adquirir los activos en plazos razonables, recurriendo a un Fondo de Financiamiento a la Infraestructura Pública con reglas claras. Los montos serían bastante inferiores a esos terroríficos (e inexistentes) US$ 5 mil millones, y podrán graduarse en las leyes anuales de presupuesto. En suma, el ideal es que el Estado NO tenga que comprar fierros, ¿estamos?

Por la gran variedad de situaciones, deberán diseñarse diversas modalidades contractuales, a ser definidas en el reglamento. Estas podrían ajustarse después de una prueba piloto de un año en una o dos regiones. Cada caso deberá, dentro de ciertos criterios generales, tasarse y negociarse de manera específica, descontando siempre los aportes que hizo el Estado, y con costos referenciales como está propuesto en el proyecto de Ley.

Para terminar con este latero capítulo del lucrum, que tantas pasiones desata, proponemos la formación de un Consejo Público Privado de supervisión a este proceso, que le de garantías tanto a los sostenedores, como a los apoderados y al Estado, en cuanto a que estas transacciones respeten adecuadamente los intereses de las partes. Demás está decir que  los sostenedores deben recibir una justa remuneración por su pega y los costos inmobiliarios. Y no se olvide… los únicos países del mundo con similares proporciones que la chilena de colegios particulares subvencionados son Bélgica y Holanda: sin copago, sin lucro, sin selección. ¿Qué raro, no?

TRANSPARENCIA FINANCIERA INMEDIATA

(Otro poquito de paciencia y ya terminamos) Como esta ley se puede demorar igual en su tramitación debido a las presiones derechistanas y zurdistanas, proponemos separar del proyecto la componente de transparencia financiera y convertirla en una “ley corta” de aprobación inmediata.

Esta transparencia ACTIVA, debiera ser aplicable a todo el sistema educativo. De esta manera, la ciudadanía, apoderados, estudiantes y el Estado podrán contar con toda la información, y tomar decisiones adecuadas.  Hoy, ni siquiera los apoderados y profesores saben si una escuela tiene fines de lucro, cuánto de sus aportes se distribuye como utilidades, y cuánto se reinvierte.

Esto ya se practica en otros países, incluido USA. Los establecimientos educativos públicos y privados son tan depositarios de la fe pública como lo puede ser una Sociedad Anónima. Las formas de presentar la información deberían ser simplificadas en caso de PyMEs educativas. Este proyecto de ley, breve y potente, fue presentado como moción de un grupo transversal de Senadores en 2012, y no fue tramitado, por razones “incomprensibles”. (Usted ya sabe a qué me refiero)

Epilogus

Finalmente, hacemos un llamado a un nuevo pacto para devolver el modelo educativo a prácticas comúnmente aceptadas en la comunidad internacional, en la certeza de que esto podrá permitirnos dar un nuevo salto, sin antagonismos entre sectores políticos, ni entre el sector público y el privado. Las decisiones que tomemos hoy, tendrán impacto hasta el 2120, a través de los hijos de los niños que hoy ingresen, o no, a los jardines infantiles y salas cuna.

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