Opinión de Educación 2020 sobre cuenta pública 2016

En la cuenta pública 2016 de la Presidenta Michelle Bachelet faltaron compromisos concretos en Educación. Si bien se nombraron valores y objetivos que compartimos —como la solidaridad y la cooperación por sobre la competencia—, no se anunciaron medidas que aseguren mayores cumplimientos.

Sobre Educación Parvularia, el discurso se centró en el aumento de cobertura, pero no se especificó nada sobre calidad. Pese a ser un punto del programa de gobierno, no hay iniciativa para modificar los coeficientes técnicos de atención ni fórmulas para potenciar el estudio inclusivo de esta profesión, transformándola en una carrera atractiva.

Los anuncios más interesantes sobre Educación Parvularia se nombraron en el ítem del Ministerio de Desarrollo Social. Destaca la expansión del programa Chile Crece Contigo a la enseñanza básica, la creación de una Subsecretaría para la Niñez y la modificación del Sename a un nuevo Sistema de Protección a la Infancia. Aspiramos a que Chile Crece Contigo alcance al 100% de la población: el buen ingreso económico de una familia no asegura el desarrollo de niños y niñas. El estímulo temprano debe garantizarse como derecho social. También es importante que la Subsecretaría propuesta articule los distintos servicios públicos.

En el nivel escolar aparecen las mayores deudas. No se dijo nada sobre un nuevo modelo de financiamiento, que termine con la competitiva y dañina subvención por asistencia, ni sobre el desarrollo de una carrera directiva que garantice un crecimiento y nivel profesional idóneo a las responsabilidades de liderazgo de estos equipos; avances indispensables para complementar proyectos aprobados y en discusión, como la Ley de Inclusión, la Carrera Docente, y el Sistema de Educación Pública, todos relevantes para el sistema educativo. Lo preocupante es que estas medidas ya han sido comprometidas en otras discusiones y no han sido cumplidas.

Respecto de la Educación Técnico Profesional, valoramos que haya aparecido en el discurso y con ello comience a visibilizarse esta modalidad que acoge a más del 40% de quienes estudian en el país. También valoramos el compromiso de ampliar la gratuidad a CFT e IP acreditados y sin fines de lucro, y la creación del Consejo Nacional de Formación Técnico-Profesional. Sin embargo, no se profundizó en la forma en que se asegurará la calidad de estas instituciones ni cuál será el carácter de la nueva institucionalidad. Quedan en deuda temas clave como la formación de docentes de enseñanza técnica y la coherencia productiva de estas especializaciones con sus territorios.

Por último, Educación Superior. Se anunció que la gratuidad beneficiará al 60% más pobre en 2018 y que se transformará la actual Comisión Nacional de Acreditación en un Consejo para la Calidad de la Educación Superior. Estos anuncios son insuficientes. La discusión no se puede reducir al porcentaje de estudiantes con gratuidad. Lo que debe cambiar es la lógica del modelo de financiamiento —aumentando los aportes basales—, la institucionalidad del nivel —creando una Superintendencia y una Subsecretaría de Educación Superior— y el sistema de acceso —considerando las trayectorias escolares y no sólo la PSU—. Esperamos que el proyecto que se presentará en junio resuelva estos aspectos. Solo así contribuiremos a la calidad.

La Presidenta dijo que la reforma educacional está en marcha. De sus palabras emana un tono de complacencia, de que ya está todo hecho, cuando en realidad aún quedan dos años de gobierno y varios compromisos incumplidos. Valoramos los avances de la reforma, pero sabemos que para llenar de sentido la palabra “calidad” necesitaremos transformar las salas de clases, desde la educación inicial hasta la superior. Nada está logrado si niños, niñas y jóvenes no se apropian de los aprendizajes para que les hagan sentido con sus proyectos de vida. Para alcanzar esa meta, la reforma educacional debe seguir marchando.