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Nueva ley asegura participación y organización estudiantil en CFT, IP y universidades privadas

Noticias sobre educación

22 julio, 2015

“Actualmente, estudiantes de CFT e IP creen que está prohibido organizarse para representar sus intereses, por condiciones expuestas en contratos o por demostraciones de las autoridades. Ahora eso ya no se puede prohibir de ninguna forma”, así resume Diego Vela, Investigador de Política Educativa de Educación 2020, la aprobación de la ley 20.843. Esta ley […]



“Actualmente, estudiantes de CFT e IP creen que está prohibido organizarse para representar sus intereses, por condiciones expuestas en contratos o por demostraciones de las autoridades. Ahora eso ya no se puede prohibir de ninguna forma”, así resume Diego Vela, Investigador de Política Educativa de Educación 2020, la aprobación de la ley 20.843.

Esta ley restituye la autonomía a las instituciones de educación superior, es decir, la libertad de cada casa de estudios para determinar la forma de su organización, lo que  incluye la participación de los miembros de sus comunidades en la vida institucional.

Este derecho, sin embargo, depende de la normativa vigente y durante la dictadura militar fue prohibido. La LOCE, aprobada en el último día del régimen, señalaba la exclusión de participación con derecho a voto de estudiantes y funcionarios administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección como en la elección de las autoridades.

Aunque la LOCE fue sustituida por la LEGE en el 2009, ésta mantuvo la prohibición de participación de estudiantes y funcionarios. Por ello, fue necesario aprobar una nueva ley que modificara esta prohibición y asegurara el derecho de asociación en todas las universidades, CFT e IP. Ésa es la Ley 20.843, en vigencia desde el 18 de junio de 2015.

¿Qué cambios prácticos implica esta nueva ley?

El mayor hito es que ya no existirán prohibiciones para que estudiantes y funcionarios administrativos participen con derecho a voto en el gobierno de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Un ejemplo concreto de este cambio sucedió en la Universidad Austral, donde los y las estudiantes tenían solo derecho a voz. “Ahora también tendrán derecho a voto”, explica Vela.

Además, la ley consagra expresamente que los estatutos de estas instituciones no podrán prohibir el derecho de asociación de sus miembros. Esto es relevante, según Vela, porque en varios CFT y universidades privadas se vulneró el derecho a reunión o no se reconocían sus centros de estudiantes y organizaciones de funcionarios. “Ahora se asegura su derecho y dependerá de las comunidades educativas aprovecharlo”.

Las instituciones tendrán un año de plazo para adecuar en sus estatutos la actual normativa. 

Revisa aquí los detalles y el texto de la nueva ley.

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