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Marcel Claude responde preguntas de Educación 2020

1. Nuestra cobertura y calidad en salas cuna y jardines infantiles es extremadamente baja, y de baja calidad, peor aún en sectores vulnerables. Es una etapa clave de la formación emocional y cognitiva. ¿Qué medidas específicas habría que adoptar? La educación constituye un DERECHO indiscutible que debe ser asegurado por el Estado para TOD@S los […]



1. Nuestra cobertura y calidad en salas cuna y jardines infantiles es extremadamente baja, y de baja calidad, peor aún en sectores vulnerables. Es una etapa clave de la formación emocional y cognitiva. ¿Qué medidas específicas habría que adoptar?

La educación constituye un DERECHO indiscutible que debe ser asegurado por el Estado para TOD@S los habitantes de Chile. Consideramos una educación pública gratuita, laica, de libre acceso y obligatoria desde el nivel parvulario hasta el nivel medio.

Para esto, es necesario aumentar significativamente los recursos destinados a la educación pública, a través de un presupuesto anual que parte por la duplicación de lo asignado actualmente al nivel preescolar y asegurando un crecimiento progresivo hasta alcanzar un 100% de cobertura. Este presupuesto debe ser otorgado sólo a los establecimientos educacionales públicos y sin fines de lucro, y requiere una adecuada fiscalización de su uso y aplicación.

Es fundamental fortalecer el rol de las instituciones públicas como Integra y JUNJI, dando mayor protagonismo en crear matrícula pre-básica, en una acción conjunta con Juntas de vecinos, centros de salud, comité de viviendas, clubes deportivos barriales y culturales, organizaciones vecinales y de pueblos originarios, incluyendo las escuelas públicas y sin fines de lucro. De aquí a 4 años asegurar una cobertura a 1 millón de niños y niñas a partir de los actuales 400 mil, permitiendo el PROTAGONISMO de las comunidades locales organizadas.

Ofrecer programas de estimulación precoz, ya desde las madres embarazadas como se hace en otros países, los que deberán se implementados tanto por el mundo de la salud como de la educación. Organizar programas masivos en esta dirección.

2. Chile tiene el sistema escolar socialmente más segregado del mundo, más aún que la elevada segregación residencial, con graves consecuencias tanto educativas como de cohesión social. ¿Qué medidas concretas adoptaría?

La literatura especializada y la experiencia real exitosa mundial, describen a la Escuela efectiva y del Futuro, primero, centrada en el Aprendizaje (obvio ya que históricamente ha tenido un rol ideológico o económico sobre el aprendizaje), y, en segundo término, Conectada con su comunidad.   Por tanto, estos planteos deben convertirse en las acciones centrales de un centro educativo: Alto nivel de aprendizajes a nivel escolar y con alta participación de la comunidad en la formación pedagógica y cultural de los estudiantes. El rol de la Escuela será la transformación no sólo de los estudiantes sino de la misma escuela y la evolución social y económica del medio local. Esto se logra por medio de una Escuela inclusiva, diversa, enriquecida con el aporte de lo barrial o local.

La eliminación de la segregación escolar en Chile sólo se logrará con una transformación profunda de la estructura organizacional de la Escuela actual, desde una jerárquica, vertical, autoritaria y segregacionista, a una más acorde con los tiempos, abierta, diversa, sensible y fomentadora de la creatividad, como son las estructuras más horizontales de organización.

Las Comunidades locales tenderán a tener más influencia sobre las Escuelas que el Estado y el Mercado, por medio del Consejos Educativos barriales. Las escuelas de Estado pasarán a tener un control comunitario.

Otro punto fundamental es vincular y complementar el sistema educacional con otras áreas como cultura, medio ambiente, discapacidad, pueblos originarios, FFAA, deportes, ciencia y tecnología, etc.

Asimismo, la eliminación total del Financiamiento Compartido, fuente de segregación social entre las clases media y baja.

La gratuidad absoluta de la Educación Escolar a nivel pre-básico, básico y secundario. Incluyendo la educación Especial.

Obligación de que toda escuela que reciba fondos públicos, tenga a lo menos 20% de estudiantes catalogados de vulnerables.

Fomento y creación de escuelas de inclusión social a nivel local y de barrio, bajo el Concepto de Escuelas Públicas Comunitarias, con el apoyo de las redes locales y financiadas por el Estado vía presupuestos regionales.

En orden a hacer retroceder la segregación (no sólo residencial) y a favorecer la inclusión, es fundamental generar y/o mejorar las normativas con relación a que toda nueva construcción de infraestructura educacional pública o privada; colegios, escuelas, parvularios, salas cunas, jardines infantiles, universidades, institutos técnicos, etc. deben ser diseñadas y construidas considerando el Diseño Universal y la cadena de accesibilidad, acceso, circulación y uso. Como también generar estándares mínimos del entorno y conectividad; caminos, avenidas, calles, veredas, ciclovías, transporte público, etc., basados en el Diseño Universal.

Como planteamos en la pregunta anterior, consideramos que el financiamiento de la educación pública debe realizarse de acuerdo a un presupuesto anual significativamente superior, donde el número de estudiantes matriculados debe ser sólo uno de los factores de asignación, pero no el único. Es primario considerar aspectos tales como ubicación geográfica, proyecto educativo, aspectos climáticos, realidades culturales, accesibilidad, condiciones de vulnerabilidad, aplicación de prácticas inclusivas, apertura comunitaria, innovación, etc., a la hora de definir el volumen y destino de los recursos para cada escuela y liceo. Por supuesto, estos recursos deben ser 100% fiscalizables y sometidos al control comunitario.

Tal como rechazamos el “Estado Subsidiario”, rechazamos también el financiamiento vía subvención por asistencia, dado que ha sido un mecanismo netamente de mercado que ocasionado una competencia por captar alumnos (clientes) y en donde la educación pública ha debido competir muy en desventaja.

3. Como fruto de diversas políticas y omisiones, la educación pública tiene su matrícula cayendo en picada. ¿Considera necesario rescatar la matrícula pública con una oferta de excelencia, adoptando todas las medidas necesarias? De ser así, ¿cuáles serían esas medidas?

El concepto es el de la ESCUELA PÚBLICA COMUNITARIA. Tanto el Estado como el Mercado han fracasado en dar una educación de calidad. En ambos casos la Escuela ha dejado de cumplir su rol de Aprendizaje y de conexión con su comunidad.

Las actuales escuelas y liceos municipales deberán abrirse a la participación en la gestión escolar, que permita que los padres y apoderados sientan que las escuelas les pertenecen; incluyendo la elección del o la Director(a), la participación en el diseño del proyecto educativo y en la revisión de cuentas como tarea de los Consejos Escolares, donde deben incluirse actores locales y cuatriestamentales (profesores, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes).

En la misma línea, consideramos importante estimular la formación de cooperativas escolares, que se hacen cargo de las escuelas comunitarias.

Incorporar metodologías activas y centradas en el aprendizaje de todos los estudiantes. Esto es estimular y promover el interés y la curiosidad, junto al gusto por aprender e investigar, por medio de actividades concretas apoyadas por material didáctico y herramientas TIC. Se debe considerar el desarrollo neurológico y psicológico de los estudiantes en el diseño de las actividades escolares, apuntando a la mayor participación en las decisiones de los estudiantes en el diseño de su propio currículo a medida que van creciendo.

Debe cuidarse el ambiente del centro educativo y en el desarrollo de las actividades pedagógicas específicas. Un clima psicológico adecuado contribuye al aprendizaje y a la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. Para ello debe prepararse a los docentes en la creación de estos ambientes y promover programas de Sana Convivencia al interior de cada centro educativo.

La mejor respuesta para evitar la desaparición de la Escuela Pública, es darle mayor participación en lo pedagógico y en la gestión a la propia comunidad que atiende (lo público); cuestión que los propios especialistas en educación e incluso la OCDE consideran como Escuela del Futuro. 

4. ¿Considera necesario simplificar la compleja jungla de indicadores, mediciones, controles y fiscalizaciones del sistema educativo, modernizando las fórmulas de financiamiento, reduciendo los indicadores y reservando la fiscalización para lo verdaderamente importante?

Es necesario hacer ajustes profundos en esta materia. Por ejemplo, en el caso del sistema escolar finlandés en donde los niveles de aprendizajes son altísimos, los indicadores, mediciones, controles y fiscalizaciones del sistema educativo son casi inexistentes. Y esto debido a que la educación es concebida con un profundo sentido ético. Por tanto en Chile se debe recuperar el sentido de justicia, inclusión e igualdad de oportunidades que debe tener la Educación, su sentido de aprendizaje.

Los excesos de controles del Estado es una manera de presionar y estresar a las Escuelas más vulnerables, sumado a que deben competir entre ellas por captar matrícula. Por tanto, la eliminación de la concepción de la “Lucha por la Existencia” que intimida a las escuelas, debe ser eliminada ideológicamente en el discurso oficial y en la práctica. Lo que significa reducir los indicadores de “calidad”: SIMCE, subvención por asistencia, dejando sólo aquellas mediciones de organismos internacionales., UNESCO por ejemplo. En consecuencia, dándole más importancia al rol ético de la Educación y menos a la presión por medio de indicadores.

La fiscalización sólo debe darse en el ámbito de los recursos monetarios entregados por el Estado y en los contenidos obligatorios nacionales de aprendizajes (matemáticas, lenguajes, ciencias, historia…), respetando los contenidos (cultura, artes, deportes, historia local, etc.) de las comunidades educativas locales que deben fiscalizar los procesos internos que ocurren en sus Escuelas. El exceso de monitoreo de parte del Estado sólo asfixia las iniciativas locales en Educación, como es el caso de la mayoría de las Escuelas de América latina.

A medida que se recupere el sentido ético del proceso educativo (no económico, religioso, ideológico o mesiánico), los niveles de fiscalización cada vez serán más inútiles.

5. Ha proliferado sin regulación alguna una gran cantidad de escuelas particulares de baja calidad y tamaño subóptimo, y nada lo impide hasta hoy. ¿Estaría dispuesto a regular la instalación de nuevas escuelas subvencionadas que no tengan un mínimo de tamaño y calidad?

El actual sistema de educación particular subvencionada deberá adquirir el carácter de “cooperador de la responsabilidad educacional del estado” eliminando por tanto todo carácter comercial o lucrativo. Simultáneamente debe terminar el sistema de financiamiento compartido por ser factor de discriminación y fuente principal del negocio educativo. Los actuales establecimientos particulares subvencionados podrían continuar funcionando, pero sus administraciones deberán ser sin fin de lucro, no podrán efectuar cobros a las familias y deberán regirse por los planes y programas del sistema público de educación. Para ello debe darse un plazo prudente para que los actuales sostenedores privados que reciben aporte público asuman la nueva normativa o se retiren del sistema subvencionado. Los colegios cuyos sostenedores no quieran asumir la nueva normativa, serán acogidos por el Ministerio de Educación para asegurar la continuidad de esas comunidades escolares.

En lo inmediato y por el tiempo necesario se deberá congelar la autorización de nuevos establecimientos particulares subvencionados. Posteriormente se debe autorizar el funcionamiento en aquellas comunas donde sea necesario, en base a estudios demográficos y educacionales y sólo como organismos sin fin de lucro.

Todos los establecimientos escolares, públicos y privados, deberán permitir y promover la participación amplia y real de los diferentes estamentos, fomentando y promoviendo el concepto de “comunidad escolar” en contraposición a la idea de “proveedores y clientes” que se ha impuesto hoy.

6. ¿Cómo abordaría el tema del lucro en la educación escolar, en la técnico-profesional y en la universitaria? ¿Modificaría la situación actual? ¿Suspendería la instalación de nuevas escuelas subvencionadas con fines de lucro?

Nosotros creemos y afirmamos categóricamente  que el lucro en la educación termina por corromper y distorsionar su finalidad esencial. Por ello, exponemos que debe procederse a la eliminación absoluta del lucro en el conjunto del sistema educacional.

Por eso señalamos que hay que impedir la apertura de nuevos centros particulares subvencionados con fin de lucro, y estimular la conversión de los actuales centros educativos que reciben financiamiento estatal, hacia Fundaciones o Corporaciones sin fines de lucro efectivos, si es que quieren mantener la labor educativa.

En cuanto a las universidades privadas, se debe establecer una ley que efectivamente impida el lucro, incluyendo una celosa fiscalización de las trampas que se realizan por sociedades paralelas relacionadas con los dueños de las instituciones y a través de las cuales se ha burlado la ley por décadas. Esta normativa debe extenderse a Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

Es el Estado el que debe asumir la labor de diseñar escenarios de aprendizaje en el marco de un Proyecto País, por lo tanto, ese Estado debe comprometerse y hacerse cargo de esta responsabilidad. La labor de habilitar a todos los ciudadanos en una dirección intencionada hacia el desarrollo y progreso de todos y para todos es tarea ineludible tanto del Estado como de la Nación y los ciudadanos deben exigir que se cumpla con esta dirección. Nuestra propuesta apunta a la descentralización del Estado y a la desconcentración en la toma de decisiones, lo que da, en la dirección señalada, un rol fundamental a las regiones y comunidades en el diseño de este Proyecto País.

7. El techo de cualquier sistema educativo está en la calidad, prestigio social y condiciones laborales de docentes y parvularias. ¿Qué medidas adoptaría para abordar este tema? ¿Considera que los beneficios de una nueva carrera docente deben llegarles directamente a los profesores o ser administrados por los sostenedores?

Estamos convencidos que la base fundamental del hecho educativo se da en la relación de profesor y estudiante. Ninguna red burocrática ni recetas iluminadas desde las altas esferas pueden reemplazar o dirigir eficazmente lo que ocurre en la sala de clases o ámbito educativo. Es en la Escuela y en la relación directa de los docentes con sus estudiantes donde se realiza la esencia de la educación.

Por lo anterior es clave, para desarrollar la educación en Chile, apoyar y fortalecer la labor de educadoras y educadores. Eso implica instaurar una Carrera Profesional Docente que otorgue condiciones salariales, laborales y profesionales adecuadas para un buen desempeño, al tiempo de estimular a jóvenes de alto nivel académico a elegir esta profesión.

Chile debe confiar en sus educadores. Es profundamente equivocada la premisa de que el docente controlado y amenazado por el despido funcionará mejor. La experiencia demuestra que aquello sólo genera altos niveles de estrés en los educadores y sus negativas consecuencias las sufren los estudiantes. Confiar en el profesorado significa dotarlos de autonomía profesional al tiempo de otorgarle posibilidades permanentes de perfeccionamiento y actualización; se deben estimular la cooperación y el trabajo en equipo entre los docentes y no la malsana competencia que propicia el sistema actual.

A su vez, se debe generar una política nacional de formación inicial docente. Este es un asunto que de manera alguna debe quedar librado al mercado ni a la ley de oferta y demanda. Se debe asegurar que todo profesional de la educación sea formado en una alta exigencia académica y ética y, para ello, el Estado debe respaldar a las instituciones formadoras de docentes y a la vez fiscalizar que cumplan adecuadamente esta importante tarea.

8. Hay en Chile 2.500 carreras acreditadas y 15.000 no acreditadas en diversas sedes. ¿Comparte la idea planteada por el gobierno, en el sentido de acreditar las carreras de Medicina, Pedagogía y solamente otras dos seleccionadas al azar, en cada universidad o instituto?

La absurda proliferación de carreras sin control alguno, es consecuencia directa de la política de mercado que ha regido la educación chilena en los últimos 30 años. La acreditación, como la gran herramienta reguladora del mercado ha fracasado porque el negocio ha prevalecido por sobre la fe pública y hasta las instancias acreditadoras se han corrompido; por ello la condición de «acreditadas» de las carreras e instituciones dice muy poco sobre su pertinencia y calidad, dada la grave distorsión del sistema.

Para nosotros el camino es otro, y comienza por recuperar la finalidad social de la educación. Al eliminar el lucro, ya se produce un primer filtro importante aunque no suficiente. Debe crearse una institucionalidad de carácter público que regule y controle el funcionamiento del sistema de educación superior, tanto público como privado, con rigurosas exigencias académicas, financieras y administrativas para autorizar el funcionamiento de las instituciones; al tiempo de regular la dictación de carreras sobre la base de un Proyecto País y con el respaldo de estudios culturales, económicos, sociales, demográficos y laborales que justifiquen las necesidades reales y autoricen el funcionamiento y vacantes de las carreras en base a los datos duros aportados por dichos estudios y no por las perversas lógicas de mercado actuales.

En síntesis, no creemos que la solución venga por ajustes o «parches» al fracasado mecanismo de las acreditaciones, sino en un cambio profundo en la lógica en que se ha movido la educación en las últimas décadas.

9. Hoy, aproximadamente un 40% de los postulantes a la educación superior no comprende adecuadamente lo que lee ni puede realizar operaciones aritméticas simples. No hay un sistema de becas o créditos, ni cambios en los sistemas de selección que resuelvan este problema. ¿Qué propone hacer al respecto?

Lo primero es reforzar desde ahora el trabajo, comenzando en la educación de párvulos en el sentido de estimular la capacidad comprensiva de la realidad en los niños, pasando luego por los niveles de educación básica y media, donde esta habilidad debe ser una de las tareas centrales del quehacer pedagógico en un contexto rico en lectura y creación de textos asociados a todos los demás ejes de desarrollo pedagógico o asignaturas. Para esto, el modelo que apunta a la memorización o al “entrenamiento” es absolutamente insuficiente. Es fundamental fortalecer un quehacer pedagógico centrado en la persona y el desarrollo humano integral y armónico, en todas sus dimensiones humanas/sociales y en la intervención social/cívica para la transformación de la sociedad.

Esto nos aseguraría que lleguen a la Educación Superior personas con mayor desarrollo de esta destreza fundamental. Por otro lado puede utilizarse la TV como herramienta pedagógica, que nos ayude a estimular y desarrollar esta habilidad, practicándola a todos quienes lo deseen y para ello nos parece adecuado la idea de implementar un canal de TV educativo, parte del Núcleo Promotor de Educación Humanizadora, como llamaríamos a nuestro futuro MINEDUC.

En relación a los jóvenes que hoy se encuentran ingresando a las universidades o institutos profesionales con este déficit, deben pasar a formar parte de planes de habilitación en este tema y otras que aparecieran necesarias. En este sentido, aparece como interesante la idea de programas de bachillerato, que ya están en práctica en algunas universidades, donde pueda darse una cierta “nivelación” de habilidades de los aspirantes a profesionales y donde puedan definir con mayor certeza su mejor aporte a la sociedad desde una carrera en la cual se sientan coherentes.

10. El Estado virtualmente abandonó el sector de los centros de formación técnica e institutos profesionales, y mantuvo muy restringida la oferta de cupos en la educación universitaria pública. ¿Ud. considera esto adecuado o lo modificaría?

Esto aparece como un error grave, pues nunca el Estado debe abandonar una actividad estratégica en lo social como lo es la educación. Esto no ocurre en ningún otro país del planeta y es un abandono imperdonable de lo cual no será fácil salir, pero esa es la intención, que exista un Proyecto País bajo el cual los centros de educación superior deben supeditarse, incluso con enfoques regionales, apuntando al progreso y desarrollo de todos los habitantes del país. El Estado debe asumir esta responsabilidad y comprometerse con su implementación y avance, fortaleciendo la hoy desmantelada educación pública, otrora gloriosa, y que nos entregó incluso un par de premios Nobel en literatura, justamente un área hoy en desmedro.

Para esta implementación se conseguirán recursos desde la elevación de royalties a la extracción de nuestros recursos naturales y de alza de impuestos a las grandes empresas, y por cierto se aplicará la nacionalización de los recursos claves (cobre, litio, agua, recursos marinos…).

11. Un grupo transversal de senadores ha planteado la necesidad de establecer la figura del Administrador Universitario Provisional, de modo que, ante violaciones o incumplimientos flagrantes, el Estado designe uno con el expreso propósito de salvaguardar los intereses de los estudiantes, intentar la continuidad de giro y, sólo en caso extremo, recurrir a la figura del cierre. ¿Comparte esa idea?

Nos parece que no hay como salvar lo insalvable, a menos que uno tenga intereses en ese tema. Ya hemos explicado en preguntas anteriores que desde nuestro punto de vista, este modelo no se corregirá con medidas de parcha ni con “perfeccionamientos” de muy dudosa intencionalidad.

Para nosotros es relevante enfatizar que la educación es uno de los temas claves y estratégicos y parte de un Proyecto País, junto a la salud, para el beneficio y desarrollo del ser humano, de toda nuestra población. Por lo tanto eliminar todo rastro de lucro y de posibilidad de negocio con este tema es de máxima prioridad.

Dicho lo anterior, ciertamente en una suerte de etapa de transición, se debe salvaguardar los intereses de los estudiantes y familias que han sido víctimas del sistema de mercado, es especial en las “universidades chatarras” que han proliferado al alero de este perverso modelo educacional. Y en ese objetivo, la propuesta de un Administrador Universitario Provisional podría ser pertinente pero en el bien entendido que ello acontecería únicamente en una tiempo de transición, ya que el periodo de aplicación de nuestro Modelo Educacional Social y Comunitario, las posibilidades de crisis del tipo Universidad del Mar sería mínimas ya que en las exigencias que existirán, una empresa de ese tipo no podría ni siquiera presentar un expediente de autorización de funcionamiento.

Toda universidad o instituto profesional con acreditación conseguida bajo cuerda, o bajo unos estándares mínimos – tema por revisar – debe cerrarse, pero ello no debe realizarse al estilo Ministro Beyer con la Universidad del Mar, ya que el daño provocado a los estudiantes y sus familias ha sido demasiado severo, y el Estado y dueños de la empresa han quedado casi en impunidad respecto de sus responsabilidades por acción y omisión. Una medida de ese tipo, debe comenzar por asegurar a los estudiantes el resguardo pleno de sus derechos, los que deben ser financiados con el patrimonio de los dueños de la institución fraudulenta y por el estado.

La educación es parte de la misión social de todo Estado y es éste quien debe promover y comprometerse en que esto se cumpla. Esto debe estar anotado también en la futura Constitución, que será escrita en una Asamblea Constituyente en la que deben participar todos los sectores y generaciones de nuestro país.

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