5 septiembre, 2016
El 1 de marzo de 2016 comenzó a regir la Ley de Inclusión, que prohíbe a los colegios“implementar procesos (de admisión) que impliquen discriminaciones arbitrarias”. Sin embargo, esta semana, La Segunda denunció los insólitos requisitos de admisión de algunos establecimientos privados del sector oriente de Santiago, que exigen conocer el peso, la talla y hasta […]
El 1 de marzo de 2016 comenzó a regir la Ley de Inclusión, que prohíbe a los colegios“implementar procesos (de admisión) que impliquen discriminaciones arbitrarias”. Sin embargo, esta semana, La Segunda denunció los insólitos requisitos de admisión de algunos establecimientos privados del sector oriente de Santiago, que exigen conocer el peso, la talla y hasta el período de lactancia de niños y niñas postulantes.
Revisa los detalles de la ley en nuestro Observatorio Legislativo.
En entrevista con Radio Sonar, Manuel Sepúlveda, Director de Política Educativa de Educación 2020, explicó que “la ley prohíbe cualquier elemento que vaya contra el respeto de los derechos y la dignidad de los niños, niñas y sus familias” y que los requisitos de estos colegios privados “parecen ir en contra de estos criterios básicos”.
“No porque sean colegios que no reciben aportes públicos tienen una regulación particular. No porque una familia pueda pagar 300 o 350 mil pesos mensuales las reglas van a ser distintas. Estamos hablando de criterios mínimos que deben respetarse”, agregó Sepúlveda y llamó a las familias a denunciar este tipo de irregularidades ante la Superintendencia de Educación.
Mira aquí cómo denunciar irregularidades ante la Superintendencia de Educación.
Sepúlveda se refirió a las “zonas grises” de la ley: “Tenemos este 7% de matrícula, estos particulares pagados que siguen con criterios específicos que permiten que se den estos casos, que pueden hacer pruebas y pedir requisitos y antecedentes”.
Sin embargo, especificó Sepúlveda, “la ley de inclusión es un mucho mejor piso de lo que se tenía hasta hace un año, porque regula los criterios de expulsión o señala que si cambia el estado civil de los padres durante el año, esto no podrá repercutir en el derecho de educación. Se avanza, porque los criterios de admisión que están comenzando a implementarse en la Región de Magallanes empiezan a eliminar las arbitrariedades”.
Por último, el Director de Política Educativa de Educación 2020 explicó que estos casos también se producen por el cambio de paradigma que implica pasar de un modelo educativo de mercado a uno de derechos:
“Estamos iniciando un cambio de rumbo en el rol del Estado en educación. Entender la educación como un derecho implica un cambio cultural, que no se da de un día para otro. Para eso se necesita más fuerza para prohibir y evitar situaciones como éstas”, señaló.
Y destacó: “Un colegio de calidad es aquel que logra que todos sus estudiantes logren aprendizajes, independientemente de la religión o de la condición de sus padres. Si seguimos con estas lógicas que discriminan dependiendo del origen, de la suerte de nacer en determinado lugar, vamos a seguir profundizando las desigualdades y vamos a seguir con una elite política – empresarial que se distancia de la mayoría del país”.
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