Lucro en educación superior

Carta al director, publicada en El Mercurio
Escrita por Mirentxu Anaya, Presidenta Ejecutiva
Mario Waissbluth, miembro del Directorio de Educación 2020

Señor Director:

Algunos Senadores han propuesto que se mantenga un sector de universidades (y posiblemente instituto profesionales) con fines de lucro, reconocidos por ley.

Educación 2020 ha insistido por años en que, si bien el mercado con fines de lucro puede ser un mecanismo eficiente en diversos sectores de la economía, no lo es en educación. La cantidad de incentivos perversos y conductas predatorias respecto a usuarios de bajos recursos y desinformados es imposible de controlar.

Esta vivencia no la hemos tenido solamente en Chile, ni es una afirmación «ideológica». En el caso de EE.UU.,​ con inequidades similares a las chilenas, ​el resultado ha sido un verdadero desastre. Basta revisar el informe del Senado Norteamericano sobre esta materia:

a) Mas de la mitad de los estudiantes que se enrolaron en este tipo de instituciones en 2008-2009 desertaron en una mediana de 4 meses, quedando endeudados. En el caso de cursos de 2 años de duración, 63% no lograron su diploma.
b) Estas instituciones emplean mas del doble de su personal en reclutadores, que en servicios internos para el proceso docente. Gastan el 22.7% de sus ingresos en marketing.
c) Esta verdadera «máquina de esquilmar estudiantes» ha demostrado, eso sí, ser altamente eficiente y rentable para sus dueños. Su margen de ganancias es 19.7% de sus «ventas», y el sueldo promedio anual de sus directivos es US$7.3 millones.

Chile por ningún motivo debe volver atrás en esta materia. ​Ya estamos en una situación en que están ingresando a las aulas superiores un 44% de jóvenes con incomprensión lectora total, y egresando en condiciones no muy diferentes. Esta es en si misma una conducta predatoria de muchas instituciones, que sólo empeorará si el lucro se hace legal.

​Por el contrario, ​se ​debe ofrecer un mecanismo razonable para que los IP y CFT transiten gradualmente a un esquema sin fines de lucro​ y bien regulado​, respetando los intereses de los dueños que realizaron un negocio – aunque fue un política errónea – legitimado por el Estado por varias décadas.