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La universidad no es “la” vía, ni menos el único camino

Columnas de opinión

9 enero, 2015

Columna de Patricio Carrasco, investigador de Política Educativa de Educación 2020.Publicada originalmente en El Dínamo.  En un simple ejercicio les pregunté a varias personas qué palabra se le venía a la cabeza cuando escuchaban o leían “educación superior”. La respuesta casi unánime fue “universidad”. El sistema educativo chileno se ha movido de tal forma que […]



Columna de Patricio Carrasco, investigador de Política Educativa de Educación 2020.
Publicada originalmente en El Dínamo

En un simple ejercicio les pregunté a varias personas qué palabra se le venía a la cabeza cuando escuchaban o leían “educación superior”. La respuesta casi unánime fue “universidad”.

El sistema educativo chileno se ha movido de tal forma que ha censurado intencionalmente la educación técnica profesional. El conjunto de políticas educativas diseñadas desde los años ochenta, y hasta hace poco, han tenido una clara preferencia por la universitarización de la educación superior, potenciada por el uso excesivo de pruebas orientadas hacia las ciencias y humanidades (SIMCE y PSU), incentivos institucionales y económicos que claramente favorecen a las carreras universitarias y castigan a las técnicas (Aportes Fiscal Directo e Indirecto), y sistemas de aseguramiento de la calidad hechos a la medida del cuerpo científico-humanista y universitario.

Uno de los compromisos de la reforma educacional fue la creación de una red de Centros de Formación Técnica públicos en todas las regiones del país, lo que es sin duda un acierto y un avance en la nueva concepción de derecho a la educación técnica superior, hasta hoy inexistente. Esta medida es necesaria, urgente, pero no suficiente si se aspira a un nuevo modelo que reconozca en condiciones equitativas a la educación y formación técnica de nivel superior. Por eso, la cercana reforma a la educación superior debe prever ciertos temas de orden político, social y comunicacional para una transformación justa del sistema.

Resulta razonable y necesario que todos los actores inmersos en este marco no olviden que la educación superior está compuesta por Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades. El desafío es grande cuando hay instituciones tan heterogéneas entre sí, con diversas orientaciones y distintos grados de calidad. En esta reforma debería operar el criterio que libere la tensión de “lo particular y lo universal”, en donde la heterogeneidad de carreras e instituciones –técnicas y profesionales– tengan debido reconocimiento equitativo de sus particularidades en un macro diseño institucional.

El futuro sistema de aseguramiento de la calidad, en particular la acreditación, requiere de una transformación que no sólo permita diferenciar por tipo de institución y carrera a través de criterios específicos a la formación técnica, sino que amplíe incentivos institucionales para el desarrollo de oferta técnica de nivel superior. Del futuro esquema de financiamiento a la educación superior, es imprescindible un cambio radical que asegure fondos públicos a las instituciones y carreas técnicas, a cambio de ajustarse a ciertos requerimientos más allá de la acreditación. Es inadmisible que se insista en castigar a las universidades que ofrezcan programas técnicos, porque lo que sucede hoy es que si ellas deciden hacerlo, les significa desincentivos directos que se traducen, por ejemplo, en la disminución de los años de acreditación y una baja considerable de financiamiento.

Promover y asegurar el derecho social a la educación no puede coexistir con un paradigma mercantil de ésta. Una de las piedras en el zapato para alcanzar pleno derecho lo constituye el lucro, y por ello que su eliminación es tan necesaria. El sentido de la educación permite construir ciudadanía y abrir distintos caminos para el desarrollo personal y colectivo en la vida; y cometer negociado con dichos principios no es más que un atentado humano. Para el caso de la educación superior, las universidades son las únicas instituciones que por ley tienen prohibido el lucro; pero la ley omite este mandato hacia los CFT e IP. Aunque gran parte de la cobertura de educación técnica superior se encuentra en instituciones sin fin de lucro, sí importa que todas las entidades del sistema se acojan a ese principio porque pone el foco en las personas y el goce de sus derechos.

La universidad no es “la” vía, ni menos el único camino. Hoy, muchos jóvenes, familias, trabajadores y trabajadoras así lo han visto. Parte del desafío está en evolucionar el discurso y transformar la mirada; y la otra está en comprender que el fortalecimiento de la educación superior agrupa al sistema y la institucionalidad en su conjunto. Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional y Universidad son partes distintas de un mismo cuerpo.

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