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La nueva-vieja Ley de acreditación

Columnas de opinión

26 diciembre, 2012

Felizmente el Presidente Piñera, después de los más recientes escándalos, ha enviado al Congreso un proyecto de Ley que mejora sustantivamente el engendro que teníamos hasta hoy. La verdad os hará libres. La sentencia presidencial “heredamos un mal sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior” da la impresión de que la Alianza […]



Felizmente el Presidente Piñera, después de los más recientes escándalos, ha enviado al Congreso un proyecto de Ley que mejora sustantivamente el engendro que teníamos hasta hoy.

La verdad os hará libres. La sentencia presidencial “heredamos un mal sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior” da la impresión de que la Alianza es un conjunto de blancas palomas que heredaron un pésimo sistema de acreditación del gobierno anterior. Por su parte, el Ministro Beyer declaró que «nadie miró cómo asegurar la calidad».

Estas aseveraciones no se ajustan a la verdad, la cual hay que relatar en su versión completa porque la ciudadanía lo merece. No me interesa defender o atacar el gobierno anterior ni el actual, sino hacer notar que la calidad de la educación ha sido víctima de la política y los intereses monetarios de lado y lado.

En una columna reciente, el ex Ministro Bitar ha descrito prolijamente lo que ocurrió entre el 2003 y el 2006. El detalla el proyecto de ley originalmente presentado en esa época, cuando no existía acreditación alguna. Era, en realidad, un proyecto de ley similar al de hoy. Sin embargo, la Alianza inicialmente se opuso incluso a la idea de legislar, aduciendo, ya lo puede usted imaginar, que “el mercado se auto-regularía”.

En la batalla legislativa, que duró tres años gracias a nuestro estupendo sistema de virtual paridad parlamentaria generada por el binominal, el proyecto original fue podado y podado. Cito abreviadamente al ex Ministro:

-«Se rechazó la propuesta del Ejecutivo de que todos los Comisionados fueran designados por el Presidente de la República. A cambio, la Alianza postuló que las partes interesadas tienen capacidad de nombrar consejeros.

– Se restringieron las normas de transparencia de información, dejando sólo las relativas al ámbito académico, y rechazándose la entrega de información financiera.

– Se evitó la definición de estándares de calidad, porque podrían limitar el desarrollo de los proyectos institucionales privados.

– Se recortaron las atribuciones de la CNA para controlar y certificar a las agencias acreditadoras.

– El Artículo 22 del proyecto de ley fue eliminado, por lo que la CNA quedó impedida de actuar ante casos como los que hoy se analizan en la prensa.

– Se autorizó a las universidades privadas a vetar a los pares evaluadores y pedir su reemplazo.

– Se desvinculó a la secretaría técnica de la naciente institución del Consejo Superior de Educación».

Una buena vieja-nueva ley. En suma, así fue como se negoció el engendro de institucionalidad acreditadora que hoy se está tratando de corregir, y en buena hora. El proyecto actual tiene grandes virtudes… y se parece bastante al proyecto original del 2003. Entre otras bondades:

– Genera un Consejo que no tiene representantes de las entidades acreditadas.

– Hace obligatoria la acreditación.

– La acreditación es binaria: sí o no, por un período de 6 años, y en caso de duda se otorga con 3 años provisionales.

– Las instituciones deberán informar la apertura de carreras, establecimiento de nuevas sedes, crecimiento de la matrícula, entre otros, que se produzcan y que no hayan sido evaluadas en el proceso de acreditación.

– La Agencia podrá revisar la decisión de acreditación si considera que los cambios ponen en riesgo las condiciones que dieron lugar a su acreditación.

– Si se comprueba que la acreditación se obtuvo de manera fraudulenta, se deberá iniciar un nuevo proceso de acreditación de manera inmediata. Además, se establecen multas a los miembros de la junta directiva y rectores.

Los aspectos preocupantes. En primer lugar, parece curioso que no se establezcan responsabilidades penales y civiles para los dueños, que son los que se enriquecen con estas maniobras.

En segundo lugar, es muy probable que, como resultado de este nuevo y más riguroso proceso, muchas universidades pierdan la acreditación y se vean obligadas a cerrar, dejando a sus estudiantes tan botados como los de la Universidad del Mar. Podrían llegar a ser más de cien mil. Por ello, es indispensable que se establezca la figura de la intervención de las mismas por parte del Estado. Esta no es una propuesta “comunista”, es algo ya contemplado en la Ley de Aseguramiento de la Calidad a nivel escolar.

Asimismo, los senadores Pedro Muñoz, Camilo Escalona y Francisco Chahuán, un grupo plural,  presentaron esta semana una iniciativa que permitiría intervenir instituciones de educación superior en crisis, a través del nombramiento de un administrador provisional que asegure una continuidad académica en las instituciones que reciben dineros del Estado. Esta componente es absolutamente indispensable, y debiera formar parte integral de esta nueva Ley. En caso contrario, se pondrá en riesgo a decenas o centenas de miles de estudiantes.

Otro elemento altamente preocupante del actual proyecto:  contempla a) la evaluación de la institución b) la evaluación de las carreras de medicina y pedagogía (que ya es supuestamente obligatoria) y c) la evaluación de dos carreras de distintas áreas de estudio en cada nivel que la institución imparta títulos (pre y post grado) elegidas aleatoriamente. Con esto se pretende asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad de todas las carreras que imparte.

El pequeño problema: hoy tenemos, si se consideran carreras diferentes a las que están en diferentes campus (y lo son) la exorbitante cifra de 5.000, de las cuales sólo un 20% está acreditada, con una buena mitad cuestionable. Es decir, tenemos un 90% de carreras universitarias y técnicas en “situación de duda” y sabemos a ciencia cierta que hay malandrines acumulados por 20 años. Hecha la ley, hecha la trampa, y en muchos casos pasaran “coladas” carreras de dudosísima calidad.

La acreditación debiera ser obligatoria para TODAS las carreras. Alguien podría decir que esto es caro. No lo es. Supongamos que costara 5 o 10 millones de pesos por carrera, cada 6 años. Eso es el equivalente a uno, dos o tres alumnos de esa carrera. ¿Vamos a ahorrarnos esto después de los excesos y escándalos que hemos vivido?

Esto me lleva a la tercera preocupación. Se propone un Presidente de tiempo completo y 4 Consejeros electos por Alta Dirección… de tiempo parcial. Esta es la estructura que me tocó vivir en el Consejo de Alta Dirección Pública por seis años, y puedo decir con cierta certeza que no funcionará. Si es necesario vigilar un negocio que mueve la módica suma de US$ 5.000 millones de dólares por año, es imprescindible dotar a esta nueva institución de consejeros de tiempo completo, y de un equipo de funcionarios suficiente como para que pueda desarrollar sus labores adecuadamente.

Raya para la suma. Volvamos al inicio. En buena hora que los partidos políticos de todo el espectro reconozcan el grave error cometido en la década anterior, dejando el sistema de educación superior sometido a un verdadero libertinaje de mercado. En buena hora que se legisle, y ojalá las precauciones aquí mencionadas sean a lo menos discutidas y ojalá incorporadas.

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