“La ley de inclusión es un logro, pero preocupa la falta de herramientas a las escuelas para gestionar la diversidad”

Esta semana, el Senado aprobó la “Ley Miscelánea”, que responde a ítems que podían dificultar la implementación adecuada de la Ley de Inclusión (que termina con el lucro, el copago y la selección) y del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Así, esta norma generará las condiciones óptimas para la puesta en marcha de la Ley de Inclusión.

Específicamente, la “ley miscelánea” presenta los siguientes cambios:

—Establece una norma transitoria que permite comenzar a impartir carreras de pedagogía a las universidades en proceso de acreditación (y a las autónomas a la fecha de entrada en vigencia de la norma).

—Amplía el plazo para acreditar la titularidad sobre el inmueble en que funciona el establecimiento. La Ley de Inclusión estableció como requisito para que los colegios recibieran la subvención escolar que el sostendedor acreditara la propiedad del edificio del establecimiento, dando un plazo de tres años (contando desde su paso a sin fin de lucro). La ley miscelánea extiende ese plazo a seis años y otorga cuatro años más para quienes cambien a fines de lucro antes de junio de 2017.

Para Nicole Cisternas, directora de Política Educativa de Educación 2020, es clave resguardar la implementación de la Ley de Inclusión. “Es un logro de la reforma, porque mejora la inclusión socioeconómica y ataca la segregación escandalosa de las escuelas chilenas, que a veces es más grave que la residencial”. 

Pese a los ajustes que trae esta nueva ley, Cisternas advierte que “nos preocupa que la implementación de la Ley de Inclusión no lleve de la mano la entrega de herramientas a las escuelas para gestionar la diversidad”. Y agrega: “para el éxito de esta ley es clave que las escuelas tengan los tiempos, los espacios y los recursos para enfrentarse a ello”.