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Inserción en el Diario La Tercera: «Salvemos la Educación Pública»

  La siguiente declaración fue publicada como un inserto hoy 12 de octubre de 2011, apoyada en un 94% por nuestros adherentes y financiada gracias a sus donaciones. Salvemos la Educación Pública Educación 2020, movimiento ciudadano con más de 81 mil adherentes, hace notar su profunda preocupación por la situación actual del conflicto estudiantil. No […]




 

La siguiente declaración fue publicada como un inserto hoy 12 de octubre de 2011, apoyada en un 94% por nuestros adherentes y financiada gracias a sus donaciones.

Salvemos la Educación Pública

Educación 2020, movimiento ciudadano con más de 81 mil adherentes, hace notar su profunda preocupación por la situación actual del conflicto estudiantil.

No ha prosperado la mesa de diálogo, no se vislumbra que los esfuerzos resulten en cambios relevantes del sistema educativo y en el intertanto ha aumentado el riesgo de que la Educación Pública termine por desmoronarse. Esto es extremadamente grave.

La permanente caída y destrucción del sistema de educación pública no es casual ni reciente: es el resultado de un conjunto de políticas inadecuadas que, a lo largo de los últimos treinta años, ha ido deteriorando este sistema, vital para el desarrollo republicano del país.

La prolongación del conflicto no sólo amenaza la educación de muchos alumnos y la situación financiera de sus familias. Tiene como daño colateral la pérdida de matrícula y un deterioro financiero casi irreparable para las escuelas municipales y muchas universidades tradicionales.

NUESTRO LLAMADO

Es responsabilidad esencial del Gobierno proponer un itinerario y cronograma de propuestas financieramente claras, realistas, con metas verificables de corto, mediano y largo plazo, y que aborden las demandas estudiantiles más relevantes. Se debiera abrir el diálogo a más actores para aportar otras perspectivas, y construir una discusión objetiva tomando como base temas como los que expondremos a continuación.

Por ello hacemos un llamado a los partidos políticos, parlamentarios, alcaldes, sostenedores, rectores y académicos a debatir y levantar propuestas con urgencia para colaborar en estos acuerdos, en los plazos que el país necesita.

Valoramos el esfuerzo del movimiento estudiantil por poner en el centro de la discusión nacional los graves problemas de la educación, lo que objetivamente ha movilizado a cientos de miles de personas. Esto no puede ser ignorado. Pero así como valoramos sus logros, les proponemos capitalizarlos precisando aún más sus demandas y transformándolas en una agenda de políticas públicas factible y negociable.

Los estudiantes pueden mantenerse movilizados de manera creativa, pero ojalá retornando a clases a la brevedad. Más allá de la legitimidad de manifestarse paralizando actividades, la situación a que hemos llegado amenaza gravemente la continuidad de la Educación Pública, que es lo que paradojalmente este movimiento defiende.

Proponemos asimismo que todos depongan expresiones descalificatorias, violentas o autoritarias que no han ayudado a la solución del problema.

PRINCIPIOS PARA UNA SOLUCIÓN

A juicio de Educación 2020, hay 7 pilares fundamentales para lograr un piso de acuerdos básicos, que permita mejorar la calidad, equidad e integración del sistema educativo, evitando los abusos que se han cometido en un mercado desregulado en varios de sus aspectos fundamentales.

1. Compromiso explícito del Gobierno con la Educación Pública. Vemos con preocupación que el Gobierno ha manifestado una posición vacilante en este tema. A nivel escolar, ella está en estado de virtual quiebra. No bastará con una ley que modifique la institucionalidad de los sostenedores municipales. Es necesario resolver las dimensiones financieras de esta situación, y el Gobierno debiera explicitar de qué manera abordará el que hay muchos barrios y comunas de Chile en que la oferta pública está en virtual extinción. Esto es indispensable para garantizar el derecho a una Educación Pública de calidad y gratuita en todo el territorio y en todos los niveles del sistema educativo.

2. Profesión Docente. Requerimos una nueva carrera, rigurosa en su formación, exigente en su desempeño y bien remunerada, con profesores habilitados en todas sus competencias, y un nuevo marco estatutario aplicable tanto al sector público como al particular subvencionado. Sin este elemento, el resto de la reforma educativa carecerá de sentido.

3. La educación parvularia y escolar financiada por el Estado debe ser gratuita. Ella debe abordar la cobertura y calidad desde los 2 a 6 años, así como la enseñanza Básica y Media. A medida que se aumente la subvención es necesario eliminar gradualmente la figura del financiamiento compartido, fuente fundamental de la segregación social del sistema. La gratuidad debe comenzar por la base, es decir, en los primeros niveles de educación.

4. Nueva relación contractual del Estado con las instituciones proveedoras de educación. El Estado debe exigir a la brevedad calidad en un sentido integral, mecanismos de integración social, y transparencia financiera en el sistema educativo, sea en educación general o superior, pública o privada. Debe entregar subvenciones, avales, becas, créditos o descuentos tributarios sujetos a convenios de desempeño para asegurar calidad en la educación, reservándose la posibilidad de intervenir en caso que la institución respectiva no cumpla con estándares contractuales pre-definidos

5. Rediseño integral de la educación superior. La mera provisión de nuevas becas y créditos no resolverá los severos problemas de este sector. Se requieren cambios en su estructura de financiamiento, en la PSU como mecanismo de ingreso, el control de aranceles, la diferenciación del financiamiento a la investigación y extensión, y la eliminación de las restricciones normativas de las universidades públicas. Debe asimismo resolverse el grave desbalance entre la provisión de carreras profesionales, técnicas y oficios de excelencia.

6. Financiamiento en educación superior. Hay condiciones para avanzar hacia una mayor gratuidad de la educación superior para los primeros quintiles de ingreso, siempre que se asegure la calidad del proveedor, a través de un sistema de acreditación – hoy totalmente cuestionado – que dé garantías básicas a los resultados que obtendrá el alumno. Su redefinición inmediata es una precondición clave para seguir avanzando.

7. Clarificación del financiamiento. Se requiere de un plan de corto, mediano y largo plazo, desglosado, con metas verificables, que asegure la sustentabilidad de la reforma educativa, y que disipe las dudas que la propuesta financiera del Gobierno ha generado. El monto requerido es al menos 3 veces superior a lo propuesto por las autoridades. Los chilenos, en esta ocasión, debemos preguntarnos seriamente si estamos dispuestos a meternos la mano al bolsillo para abordar el principal desafío para el futuro de nuestra sociedad.

Octubre de 2011

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