10 marzo, 2014
Columna de Matías Reeves, director de Proyectos de E2020 publicada en El Dínamo el 5 de marzo de 2014. Todos los años es la misma historia. Terminan las vacaciones y las noticias pasan del Festival de Viña, lo caro que están los estacionamientos en el litoral y el notero que se pasea en la playa […]
Columna de Matías Reeves, director de Proyectos de E2020 publicada en El Dínamo el 5 de marzo de 2014.
Todos los años es la misma historia. Terminan las vacaciones y las noticias pasan del Festival de Viña, lo caro que están los estacionamientos en el litoral y el notero que se pasea en la playa preguntando a los argentinos qué les parece Chile, al colapso en Santiago, el pago de la patente, las colas en la revisión técnica y la vuelta a clases. Pareciera no haber novedad en esto, y no la hay.
Pero, este marzo es muy distinto a todos los otros. Muchos chilenos creen firmemente que este regreso a clases significa que ya no tendrán que pagar por la educación de sus hijos y así tener algo más para sus endeudados bolsillos. Ya sea que estén en el colegio o ingresando a la educación superior, el sentir de una gran parte de la ciudadanía es claro y extremadamente preocupante.
Como era esperable, la campaña presidencial estuvo marcada por la agenda educacional, prioridad número uno en la opinión pública el último tiempo, y en particular por los dos grandes caballitos de batalla: “no al lucro” y “educación pública, gratuita y de calidad”. Comparto ambos y creo que son muy significativos y urgentes de resolver. Sin embargo, creo que se transformaron en eslóganes tan potentes que cualquier otra cosa que se diga queda en segundo plano. Es esperablemente entonces que, al momento de buscar el voto, todos los esfuerzos comunicacionales se hayan centrado en el fin del lucro y la gratuidad.
Lamento decirlo pero no, eso no va suceder. La educación no será gratuita ni este marzo, ni el próximo, y probablemente tampoco en los siguientes años. Y no porque no se quiera o no estén las ganas de hacerlo, sino porque es inviable técnica, política y económicamente en el corto plazo. Sólo poner fin al financiamiento compartido equivale aproximadamente a USD 500 millones. No hay claridad en lo que son las universidad de bien público y las universidades estatales. No hay un nuevo mecanismo de acreditación listo, sólo un proyecto de ley en el Congreso. Tampoco existe claridad sobre cómo regular los aranceles reales en relación a los de referencia, que pueden ser incluso cuatro veces más altos. Por poner sólo algunos ejemplos de por qué digo que es inviable hoy.
Quizás el mayor desafío que enfrenta Chile, y especialmente el próximo gobierno, es el manejo de estas expectativas. En diversas conversaciones ha salido el tema y no son pocas las personas que esperan que con la llegada de Bachelet se hagan realidad sus sueños de no pagar por los estudios y dejar de estar endeudados por la educación de sus hijos al igual que con una casa comercial. La bomba de tiempo que significa esta decepción no puede ser más que un llamado de urgencia y atención para las nuevas autoridades. La propuesta de reforma educativa nos tiene a todos expectantes, pero si no se opera como en una cirugía fina de alta complejidad la oportunidad se puede escapar por mucho tiempo más.
Es ahora cuando se deben hacer los cambios que nuestra educación necesita. Rediseñar la alicaída Educación Pública que sólo recibe al 36% de los estudiantes del país; mejorar el sistema de administración que solucione las dificultades de un municipio; contar con una formación docente centrada en el nuevo rol facilitador que debe tener un profesor en el siglo XXI; impulsar una carrera docente que reivindique a quienes dedican su vida a formar a los ciudadanos del país, pensando incluso en privilegios como una jubilación anticipada, mejores remuneraciones, beneficios en salud o tantos otros de los que otros profesionales gozan; ampliar la cobertura en educación preescolar; repensar el rol del SENAME y su vínculo con el mundo de la educación; hacer coherente la educación técnica con las necesidades del país; terminar con la discriminación socioeconómica; incentivar la mirada cívica en las escuelas; flexibilizar las mallas curriculares de los colegios para fomentar la creatividad y formación integral; detener la estandarización de las personas y la competencia descarnada de escuelas; terminar con la brutal segregación que tiene a Chile como el peor país del mundo en este aspecto y muchos temas más. No es tarea fácil, y por eso es que la sensatez, rigurosidad y claridad en la técnica y en la comunicación serán fundamentales.
Estamos frente a una oportunidad que no veíamos hace más de 50 años y que si no se aprovecha será la frustración más grande que los chilenos tendremos durante largo tiempo. No digo tampoco que deba estar todo listo en este gobierno, pero sí espero que se vean luces claras del camino que vamos a recorrer. Si se conocen los plazos e hitos por los cuales iremos avanzando las ansias de aquellos padres y madres que creían que la educación sería gratuita por arte de magia podrán aminorarse, y quienes creemos que debemos dar un giro en lo que hemos estado haciendo estaremos más tranquilos. Soy un optimista y creo que se podrá hacer, pero sólo con el compromiso de todos de contribuir desde las veredas que nos toque. Al menos en Educación 2020 estamos en eso hace rato.
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