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El descarado abandono de la Educación Técnica Superior

Columnas de opinión

5 agosto, 2013

Columna de Carlos Figueroa, publicada en El Dínamo el 2 de agosto de 2013.   Conflictos de interés, negocios educacionales variados, acreditaciones dudosas, entre otras, son algunas de las irregularidades que afectan a un número importante de instituciones de educación técnica superior. Y aunque la mayoría de los estudiantes (68% CFT, 88% IP) se encuentran estudiando en […]



Columna de Carlos Figueroa, publicada en El Dínamo el 2 de agosto de 2013.

 

Conflictos de interés, negocios educacionales variados, acreditaciones dudosas, entre otras, son algunas de las irregularidades que afectan a un número importante de instituciones de educación técnica superior. Y aunque la mayoría de los estudiantes (68% CFT, 88% IP) se encuentran estudiando en instituciones acreditadas, sobreviven cerca de 90 instituciones que, sin acreditación alguna, siguen impartiendo programas de educación técnico profesional, arriesgando en el camino el sueño de miles de jóvenes que esperan recibir una educación de calidad.

Y no sólo eso. Muchas de estas instituciones no acreditadas también reciben recursos de todos los chilenos. Por medio de la Beca Nuevo Milenio el Estado le otorga desde el año 2010 recursos a instituciones no acreditadas o, peor aún, a instituciones que aún no han alcanzado la autonomía. Según una investigación realizada por Educación 2020, son más de 25 los CFT e IP que reciben recursos del Estado sin acreditación por medio de esta Beca, otorgándole así recursos a instituciones de ínfima calidad. De ellas, serían 13 instituciones en proceso de licenciamiento, 6 autónomas que, pudiendo haberse presentado a acreditación no lo han hecho, 5 en proceso de acreditación y 2 a las que les rechazaron la acreditación (el estado es “no acreditadas”). Entre ellas, además, figura el CFT Barros Arana, perteneciente al mismo grupo económico delreportaje de CIPER.

Pero esto no es casualidad. El Estado hace bastante tiempo que dejó botada la educación técnico-profesional superior, dejando al arbitrio del libre mercado el nacimiento y desarrollo de proyectos educativos. Este abandono se ve presente en la casi ausencia de recursos fiscales destinados a este sector (15,3% del total invertido por el Estado), siendo que concentran el 40% de la matrícula de la educación superior. Asimismo, el abandono del Estado se ve presente en la casi ausente articulación con la educación escolar, en la falta de planificación de aquellos oficios que se requieren en desarrollo productivo, en la falta de una regulación del uso de los recursos de las familias, en la entrega de recursos fiscales sin fiscalización, en la falta de una acreditación potente de los programas o en la formación deficiente de docentes que puedan asumir los desafíos de una educación técnico escolar de calidad.

Incluso más preocupante es la falta de una reflexión profunda sobre el sentido que queremos darle a la educación técnica-profesional superior y el valor del trabajo al que apuntan. ¿Queremos que se valoren nuestras carreras técnicas sólo en función de la rentabilidad que estas posean en un trabajo futuro? ¿O queremos que las carreras técnicas también sean valoradas en función del desarrollo de las personas y las familias? ¿Cómo entenderemos el rol del Estado en la articulación entre el desarrollo productivo y la educación especializada? O ¿cuál será el sentido de la educación técnico escolar? ¿Sólo un acceso a la educación superior o también la posibilidad de acceder al trabajo?

En este escenario, como Educación 2020 hemos comenzado a elaborar propuestas que puedan mejorar la actual situación y que conduzcan una discusión mayor sobre el sentido de este proceso educativo tan importante para nuestro país y para muchas familias. De allí que creamos necesario:

Reorientar radicalmente el sistema de educación superior hacia la provisión de un sistema de oficios y carreras técnicas sólidas, certificadas, y que contribuyan a cerrar la brecha salarial entre éstas y los títulos universitarios.

Reformular el sistema de acreditación. Es indispensable modificar sus criterios y rehacer su institucionalidad para evitar conflictos de interés. El nuevo sistema tiene que establecer una acreditación obligatoria de instituciones y carreras, cualquiera sea el costo de esta medida. Además, los sistemas de acreditación de CFT, Institutos Profesionales y Universidades deben comenzar a la brevedad a estimular la flexibilidad curricular y la facilidad de transición entre distintas trayectorias educacionales.

Cambiar radicalmente el modelo regulatorio. Ello implica avanzar en un plazo moderado hacia un sistema similar al que hemos propuesto para los colegios subvencionados tendientes a terminar con el lucro con recursos públicos. Asimismo, es fundamental un modelo regulatorio que fiscalice la veracidad de la publicidad y que fomente la transparencia activa de las instituciones.

Lograr una articulación entre en sector técnico escolar y superior. Ello implica comenzar una discusión sobre el sentido de la educación técnico escolar y una mayor precisión en los objetivos que esta persigue.

Avanzar hacia un nuevo sistema de ingreso que tome en cuenta las particularidades del sistema técnico profesional y que posea sistemas de retención para que los estudiantes con menos facilidades puedan terminar sus estudios.

No es casualidad que hoy por hoy las carreras universitarias posean más prestigio que las técnicas, una división que a ratos parece bastante arbitraria. Esta parcial división ha desembocado en Chile en unadesvalorización de la educación técnica de nivel superior y escolar. La universidad sigue siendo el paraíso de muchos y muchas jóvenes y familias chilenas, ricas y pobres, que sin duda alguna podrían encontrar también en la formación técnica un espacio de desarrollo individual, de ingresos y de aporte a nuestro país. Es el momento de hacernos cargo de esta problemática y de comenzar a hacer algo al respecto. El abandono descarado de la Educación Técnica Superior no puede continuar.

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