19 mayo, 2016
Columna escrita por Loreto JaraInvestigadora de Política Educativa de Educación 2020Publicada originalmente en El Mercurio El 21 de mayo no se trata solo de conmemorar una batalla –perdida, por cierto–, sino también de rescatar cierto sentido heroico: atreverse a actuar con valentía y coraje. Algo de eso hay en los discursos presidenciales del feriado, un […]
Columna escrita por Loreto Jara
Investigadora de Política Educativa de Educación 2020
Publicada originalmente en El Mercurio
El 21 de mayo no se trata solo de conmemorar una batalla –perdida, por cierto–, sino también de rescatar cierto sentido heroico: atreverse a actuar con valentía y coraje. Algo de eso hay en los discursos presidenciales del feriado, un gobierno rindiendo sus hazañas y batallas.
“La contienda es desigual”, dicen que gritó Prat. Salvando las diferencias, para los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, alcanzar una educación que les provea aprendizajes integrales, habilitantes para desempeñarse en la vida, ha sido una contienda desigual. Lo ha sido por la vergonzosa distribución del ingreso y también por las condiciones sistémicas que producen que algunas instituciones educativas mantengan ventajas frente a otras que sufren cientos de dificultades.
Si un municipio tiene recursos económicos, personal idóneo para administrar un sistema de educación y está en una zona geográfica con un clima que no influye en la asistencia de sus estudiantes; tendrá muchas más posibilidades de alcanzar “éxito” que otro municipio de características inversas. Distintas condiciones para alcanzar el mismo derecho. El nuevo Sistema de Educación Pública –ley en discusión– es un avance impostergable, pero que el financiamiento de la educación aún dependa de la asistencia es un pendiente ineludible. No puede ser que las escuelas dependan de ingresos variables para cubrir gastos estables.
Las trayectorias educativas también son fuente de desigualdad: la educación técnica no ha recibido impulso. La creación de CFT estatales es un avance, pero faltan lineamientos en el aprendizaje de sus profesionales. Y si de profesionales se trata, reformar la institucionalidad, el acceso, el financiamiento y el sistema de aseguramiento de la educación superior es una urgencia, más urgente que la anhelada –y confusa– gratuidad.
El país se atreve a convocar a “los mejores” a estudiar pedagogía, gracias a la nueva Carrera Docente, necesaria desde todo punto de vista, porque si alguien sabe de contiendas desiguales son los profesores y profesoras de Chile. Queda pendiente asegurar el desarrollo de educadoras de párvulos y equipos directivos, acorde a sus batallas.
El cambio educativo es una hazaña de magnitudes. Es tiempo de revisar avances y pendientes, para que en educación no conmemoremos solo derrotas.
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