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Educación: Guerra Ideológica Ochentera

Publicado en La Tercera, 29 de agosto del 2011   A estas alturas, nadie cede un ápice. Estamos discutiendo como si estuviéramos en los años 80. Los admiradores del modelo de mercado y el lucro en la educación siguen irreductibles, y los que quieren devolver la educación al Estado también. Cada uno esgrime las cifras […]




Publicado en La Tercera, 29 de agosto del 2011

 


A estas alturas, nadie cede un ápice. Estamos discutiendo como si estuviéramos en los años 80. Los admiradores del modelo de mercado y el lucro en la educación siguen irreductibles, y los que quieren devolver la educación al Estado también. Cada uno esgrime las cifras que le conviene y oculta las que no le conviene. Este es un humilde intento de ordenar la discusión, particularmente en el ámbito escolar, con alguna pasada por la educación superior.

Definiré lo que, a mi juicio, sería deseable que emerja como producto de la crisis, aunque por supuesto otros podrán disentir. Para eso se inventó el diálogo… sin precondiciones.

a) Calidad Educativa. Este año se aprobó la ley que establece un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. La misión del Sistema Educativo sería otorgarle a todos los jóvenes el derecho a un proceso de aprendizaje permanente y que les permita alcanzar su desarrollo ético, moral, espiritual, afectivo, intelectual, artístico y físico. La calidad de la educación debe ser un valor intrínseco del proceso educativo y ser resguardado como tal por el Estado en todos los establecimientos, entendiendo que la calidad no es únicamente el resultado de pruebas estandarizadas como SIMCE o PSU, aunque ellas proporcionan información relevante.

En la actualidad tenemos un sistema educativo en que la “calidad” es un valor escaso y difícil de encontrar. Se considera “normal” que algunos establecimientos entreguen educación de calidad y otros no, asumiendo además de manera errónea que la única forma de incentivarla es mediante la competencia generada por la libre elección y capacidad de pago de los padres. Esta forma de regulación en un pseudo mercado imperfecto, poco transparente, en el cual la posibilidad de elegir depende del nivel socioeconómico del alumno y en el que la selección de estudiantes por parte de muchas escuelas aún persiste ilegalmente, transfiere todos los costos de una mala educación a los propios estudiantes y sus familias, sobre todo los más vulnerables.

Aun así, siendo “numéricamente objetivos”, tan mal no nos ha ido con la calidad. Lejos todavía del promedio OECD, con 40% de egresados de media que no entiende lo que lee ni sabe calcular una tasa de interés, nuestro promedio PISA es el mejor de América Latina. Por cierto, las correlaciones estadísticas de numerosos estudios, una vez descontados los efectos de nivel socioeconómico de la escuela y el aula, no arrojan diferencias significativas entre los SIMCE particulares y públicos. 4 a 6 puntos en una dispersión que va desde 190 a 330 es la nada. Unos claman que son a favor y enormes, otros en contra y enormes. Es la nada. No va por ahí la cosa.

Lo único claro es que los famosos “Semáforos” fueron pésimamente concebidos, y que las cotidianas propagandas de prensa sobre  los “mejores” colegios del SIMCE y la PSU lo único que en promedio clarifican es que son los “mejores” en cobrar y seleccionar por nivel socioeconómico. Tal vez alguien podría, con mente menos economicista y más sociológica, cavilar si acaso esto tiene algo que ver con los cientos de miles que marchan por las calles.

b) Equidad.
Esto significa que el hijo de una familia vulnerable pueda acceder a las mismas oportunidades educativas que un hijo de familia acomodada, aun en contra de los obstáculos que le ocasiona el bajo capital cultural de su hogar, sus carencias sociales, de vivienda y condiciones de vida. Debiéramos aspirar a que los alumnos de una escuela vulnerable de La Pintana o Lolol obtengan los mismos 320 puntos de SIMCE o 700 puntos de PSU que los alumnos de una escuela particular pagada de Las Condes, para lo cual es necesario apoyarlos con más – y no menos – recursos educativos y profesionales de alta calidad. La experiencia empírica demuestra que esto sí es posible, en contados casos, pero sólo cuando existen los profesores, profesionales y directivos en la cantidad adecuada, con la motivación y la capacidad para sacar adelante a jóvenes en durísimas condiciones, incluso emocionales.

La educación no es lo único que va a resolver los problemas de la inequidad social y de ingresos en Chile. La pregunta es si va a ser un factor que la aumenta o la disminuye. En esta materia, al igual que en la calidad,  mal no nos ha ido. En el test de PISA se define nivel 1 como lo peor, no entender nada o casi nada. Tenemos el menor porcentaje de alumnos de América Latina en ese nivel, 31%. Argentina tiene 52% y Perú la terrorífica cifra de 65%. Claro está que Canadá tiene 10% y Noruega 15%. Probablemente la medida pro-equidad que más impacto ha comenzado a tener es la Subvención Escolar Preferencial (aunque todavía no llega a la educación media, cuando se aplica el PISA).

Lo curioso es que el Estado chileno, que inventó este modelo de mercado en los 80, se demoró 27 años en darse cuenta de que los niños vulnerables necesitaban más recursos que los niños acomodados si se quiere “aplanar la cancha de las oportunidades”. Donde la inequidad está al pendiente  grave es en la carencia de cobertura (y calidad) de Jardines Infantiles (un déficit de aproximadamente 200.000 cupos) y en los demolidos Liceos Técnicos, donde hay 400.000 jóvenes que necesitan salir a trabajar a los 18 años con un oficio digno antes de poder retomar sus estudios superiores.

c) Integración Social. Aquí nuestro modelo basado en el mercado educativo lo ha hecho pésimo. Chile, aceptémoslo, es un país clasista, elitista, poco tolerante en la diversidad, incluso racista. Hay desprecio de clases, animosidades que se expresan crecientemente en las calles. Este es el aspecto más detestable de nuestra sociedad. No me basta con que algún día, con buenos y suficientes directivos y profesores,  la escuela de La Pintana obtenga los mismos 320 de puntos de SIMCE que la escuela de Las Condes. Debemos lograr que las escuelas sean socialmente más integradas, pues en caso contrario el elitismo y la intolerancia continuará aumentando en Chile hasta que explote, con aun más fuerza que lo que vemos hoy en las calles.

Nuevamente, la educación no es lo único que va a resolver los problemas de clasismo y elitismo en Chile, culturalmente muy arraigados. La pregunta es si acaso el sistema educativo va a acentuar o disminuir estos rasgos de nuestra sociedad, brutalmente segregada geográfica, económica y culturalmente. Los datos duros indican que las escuelas particulares, especialmente aquellas con fines de lucro y financiamiento compartido, son terriblemente segregadas y segregadoras. No por casualidad en la muestra de PISA resultamos con el 2º lugar peor del mundo en segregación social. Los hijos de ricos estudian con hijos de ricos, los de clase media con los de clase media, los pobres con los pobres. Apartheid educativo, de graves consecuencias no sólo escolares sino también sociales.

Lo paradojal es que hemos avanzado en dos importantes leyes pro-integración: la primera es la que prohíbe la selección académica de alumnos en Básica. La otra es la  ley de Jornada Escolar Completa, que exige (débil e insinuantemente) que esa subvención sólo se podrá recibir si hay un 15% de niños vulnerables en la escuela. Hay amplia pero anecdótica evidencia – nos llegan mensajes por la red social todos los días – de que esto se viola a placer, y el MINEDUC de antaño y ahora jamás ha hecho un esfuerzo por fiscalizarlas. Esto, en el modelo de “pseudo mercado”, facilita a las escuelas particulares segregar, por ende tener mejores resultados, y así “competir” mejor. Podría apostar que, si el MINEDUC pusiera estos datos a disposición, las correlaciones de efectividad de la educación pública vs. particular variarían considerablemente. ¿Por qué el MINEDUC no ha fiscalizado ni fiscaliza activamente un tema tan importante? ¿Por qué no transparentar esos datos? No se necesita una Superintendencia para hacerlo.

Por otro lado, el peor invento segregador fue la figura del financiamiento compartido, incomprensiblemente concebida por un gobierno de centro izquierda. Los padres que pueden pagar más, juntan a sus hijos con padres que pueden pagar más. En principio, no suena mal. ¿Por qué no habrían de hacerlo? La pregunta inversa es la terrible ¿porqué los que no pueden hacerlo no pueden hacerlo? Atroz.

Si de gratuidad en la educación se trata, no me cabe la menor duda que la primera y fundamental gratuidad debe estar en toda la educación preescolar y escolar financiada por el Estado, no necesariamente en toda la superior. Por cierto, los datos y correlaciones demuestran contundentemente que el financiamiento compartido tiene un poderoso efecto de segregación social. Otro inventillo perverso fue la “subvención por concentración de alumnos vulnerables”. Es decir, mientras más alumnos vulnerables juntas en una sala, más te pago, a sabiendas que eso deteriora el proceso educativo y social. Debiéramos tener una muy elevada subvención preferencial, y como complemento una subvención por integración escolar, que es exactamente lo inverso de lo que tenemos.

d) Educación Pública de Calidad. Este es un problema de otra índole. En teoría, se podrían lograr todos los objetivos anteriores con oferta privada si es que ella estuviera adecuadamente regulada (que no lo está). Sin embargo, hay otros objetivos que deben protegerse pues, al igual que en la gran mayoría de los países de la OECD, aportan a la construcción de la identidad nacional. Son la esencia de la Educación Pública: i) Debe garantizar el acceso a proyectos educativos considerados de interés común en todo el territorio. ii) Sus proyectos educativos no pueden ser particularistas y/o excluyentes. iii) Debe ser obligatoria, laica y gratuita. iv) Debe fijar un estándar de calidad  y de relaciones laborales. v) Debe promover la heterogeneidad de pensamiento, y la diversidad socioeconómica e ideológica. vi) Debe constituirse en la garantía integración y arma contra la segregación.

La Educación Pública ha vivido lastrada por los innumerables defectos y restricciones que todos conocemos. Las reglas que el propio Estado le diseñó eran la crónica de una muerte anunciada. Si ella terminara reducida a su mínima expresión en algunas localidades, nada impediría que mañana un grupo con grandes recursos económicos, con una determinada orientación ideológica o religiosa, adquiriera una vasta proporción de las escuelas de una región, provincia o comuna. Esto acarrearía elementos potencialmente disgregadores de la identidad nacional de vastas consecuencias históricas.

La sociedad chilena exhibe una grave concentración del poder político, económico e ideológico. 20 empresas producen el 50% del PIB. El 50% de los gerentes generales de las grandes empresas proviene de tan sólo 5 escuelas de origen católico. Ya hay comunas con una altísima proporción de escuelas privadas, y nada impediría en el marco regulatorio actual, una adquisición masiva de las mismas por parte de un conglomerado nacional o extranjero de una determinada orientación ideológica o religiosa.

La inminente Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública debiera venir a paliar los problemas. Pero, dado el marco de desregulación total del sector particular, sin una nueva Carrera Docente, con la conflictividad laboral actual, y con las deudas de arrastre del sistema municipal, nadie debe pasarse la película de que un mero cambio de figura institucional va a resolver la caída en picada de este sector, y sería una tragedia histórica. Si, por ejemplo, las escuelas particulares cuentan con todas las libertades que han tenido hasta ahora de desplazar  los alumnos más problemáticos hacia el sector público, estas escuelas, municipalizadas o desmunicipalizadas, van a terminar mas bien como sucursales del SENAME.

e) Economía de Recursos Públicos.
Los recursos públicos que Chile dedica a educación, aunque han aumentado, siguen siendo muy reducidos en comparación con estándares internacionales. Es impermisible que estos recursos – a través del sector público o privado – sea como subvenciones, becas o incentivos tributarios, terminen desviándose a otros fines, más allá de una rentabilidad razonable si esta fuera permitida por la ley como lo es hoy en escuelas, CFT e IP.

Me resulta incomprensible que si la U. de Chile, que recibe 10 o 15% de recursos del Estado, debe rendir cuentas por el 100% de sus gastos, y si las escuelas municipales lo deben hacer, empresas privadas con fines de lucro u organizaciones sin fines de lucro que reciben en forma de becas o subvenciones entre 50 y 100% de subsidio público no rindan cuenta del origen y destino de sus recursos, ni tengan un convenio de desempeño sobre temas tan cruciales como calidad, equidad e integración de su alumnado.

También resulta incomprensible que, al detonarse este conflicto, el gobierno no haya reaccionado rápidamente con una Ley de Transparencia Educativa, esto es, la exigencia de publicación, a todo ente que reciba recursos directos del estado, o bien donaciones con descuento tributario, (que son recursos del estado) un completo estado de resultados de origen y destino de recursos, transacciones con entes relacionados, utilidades, y en fin, toda la información que las sociedades anónimas, que son depositarias de la fe pública, deben proveerle a la ciudadanía. Si todo estaba limpio y cristalino, no hay problema, sigamos como estamos. Si no estaba tan limpio, limpiemos. No se necesita Superintendencia para esto.

Los recursos necesarios. El sistema escolar y universitario necesita mayores recursos públicos. Bien gastados por supuesto, en una carrera docente mejor pagada, exigente y rigurosa, y en universidades con cada carrera acreditada seriamente. Nuestra estimación es que esto requeriría entre 2 y 2.5% adicional del PIB. La oferta del gobierno de un Fondo de US$ 4 a 5 mil millones a gastarse entre 4 y 6 años, aun cuando se le adicione el crecimiento tendencial del PIB al gasto educativo, viene siendo como la cuarta parte de lo necesario, y es plenamente inconsistente con la promesa del programa de gobierno de duplicar la subvención escolar del 2010 al 2018. ¿A qué estamos jugando?

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