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Educación 2020: “El proyecto de ley para las estatales no está a la medida de las necesidades del sistema”

Noticias sobre educación

22 agosto, 2017

Como un avance aún insuficiente calificó el equipo de política educativa de la Fundación Educación 2020, el proyecto para las universidades estatales, presentado por el gobierno hace algunos meses. Esta mañana, en la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara, donde el documento está en primer trámite, el investigador Mathias Gómez dio a […]



Como un avance aún insuficiente calificó el equipo de política educativa de la Fundación Educación 2020, el proyecto para las universidades estatales, presentado por el gobierno hace algunos meses.

Esta mañana, en la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara, donde el documento está en primer trámite, el investigador Mathias Gómez dio a conocer algunas de las observaciones que tiene Educación 2020 respecto del proyecto que en principio, debía ser votado en general este jueves, sin embargo, esto se postergó. 

Una de las reflexiones que realizó Educación 2020 tiene que ver con el fondo de fortalecimiento que se estaría destinando a los planteles estatales. En ese sentido Gómez explicó que, si el financiamiento de $150 mil millones -proveniente de un préstamo del Banco Mundial- que se entregará a los 18 planteles públicos se divide en los 10 años que propone el proyecto, los fondos significaría apenas un 3% del presupuesto anual de la U. de Chile.

Otro punto que debería mejorar es la flexibilidad de las instituciones ya que actualmente, existe una rigidez burocrática porque los planteles estatales deben realizar ciertos trámites en la Contraloría General de la República, lo que retrasa la toma de decisiones.

“La burocracia no debe afectar la calidad de los planteles. Hay una tensión permanente entre la autonomía y la rendición de cuentas. Hoy vemos que la rigidez de los trámites ahoga a las instituciones”, señaló Gómez. Esta situación ha sido una molestia para los rectores, por ello, el proyecto presenta cambios a la gestión administrativa de las instituciones y establece una Contraloría Universitaria.

Ante esta propuesta Educación2020 indicó que, aunque el proyecto avanza en la eliminación de ciertos trámites y en potenciar la Contraloría Universitaria, esta última seguiría dependiendo de la Contraloría General y “eso nos preocupa porque obliga a mantener los mismos criterios asfixiantes que existen ahora”, agrego Gómez. Con todo, la fundación propone que la Contraloría Universitaria se someta periódicamente a auditorías externas.

Por otro lado, el investigador señaló que se debe buscar otra fórmula para a gobernanza al interior de las instituciones. El proyecto propone un gobierno universitario ejercido por un Consejo Superior, Rector o Rectora y un Consejo Universitario, además de una Contraloría Universitaria.

Gómez destacó que hay planteles que ya han avanzado y tienen estatutos modernos y democráticos y que “la ley debería contemplar principios, pero no definir una estructura. Las universidades están teniendo una discusión sobre cómo quieren organizarse y deben establecer su estatuto”, dijo el experto, quien agregó que los planteles estatales son diversos y cada uno tiene su propia realidad por lo que “no podemos implementar un solo modelo, sino que hay que poner ciertos principios”, remarcó Gómez.

En esa línea, la propuesta de Educación 2020 es que las universidades tengan un proceso participativo donde revisen sus estatutos y que estos cumplan principios mínimos como la participación triestamental.

Para finalizar, una de las últimas observaciones que hace Educación 2020 tiene que ver con la coordinación entre los planteles estatales. En ese sentido, señalaron la importancia de establecer una mayor colaboración entre las instituciones estatales. Para lograrlo, es necesaria la creación de un órgano autónomo que cuente con recursos y capacidades para llevar su tarea.

En esa línea, Gómez señaló ante la comisión la propuesta de crear un Consejo de Rectores de Universidades del Estado que podría, además, definir mesas de trabajo con otros organismos públicos.

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