De la proletarización a la profesionalización: nuevo escenario para el profesorado chileno

Columna de la profesora Loreto Jara Males,
investigadora del área de Política Educativa de E2020.
Publicada originalmente en El Mercurio de Valparaíso.

Por fin salió. Esperábamos hace tiempo. Meses, años, ¡décadas, en verdad! Y es que el nuevo trato que propone Chile a sus profesores, ha visto su primer resultado en el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Todos quienes trabajamos en educación estamos concentrados en su revisión. La discusión no se ha hecho esperar. Voces disidentes se vienen escuchando hace un rato, mientras otras vienen a aportar a la comprensión de los componentes de este proyecto de ley. ¿Nuestra impresión preliminar? Citando lo que Galeano leyó en un muro: “Dejemos el pesimismo para tiempos mejores”.

El proyecto, perfectible, como todo, contempla elementos que son centrales para mejorar el ejercicio de la profesión docente en Chile:

a) Calidad de las carreras que estudiarán los futuros profesores (formación inicial)
b) Apoyo a los nuevos profesores en su incorporación al mundo laboral (inducción)
c) Tramos de avance a lo largo de la vida profesional (carrera docente)
d) Aprendizaje continuo (formación en servicio).

Estamos analizando los detalles y alcances de la futura ley, que no son pocos ni fáciles de comprender. Si queda bien hecha, puede significar un cambio fundamental en la historia de la educación chilena. Considerando lo anterior, ¿qué es lo que no puede ocurrir, en ningún caso? Varias cosas. En primer lugar, no debiésemos “salarizar” la discusión: nadie podría negar que es de toda justicia garantizar buenos sueldos a los profesores. En el mundo al revés, la educación no paga, escribió también Galeano. Queremos que quede atrás la era de los “profes taxi”, de los “pobresores”, de una profesión que ha quedado en uno de los últimos lugares en la escala de valoración y condiciones para su ejercicio; pero no queremos invertir todas nuestras energías calculando cuánto y cómo  debiese pagar el Estado a sus docentes.

No debiésemos “sobrepolitizar” la discusión. Cada cual tiene sus propias ideologías y convicciones, lo que es valorable en el contexto de esta democracia que tanto trabajo nos ha costado construir, pero sería muy lamentable que las posiciones ideológicas ganaran más terreno que los argumentos técnicos que ayuden a conseguir el mejor resultado posible.   

No deberíamos silenciar actores que son de alta relevancia en la discusión: hay que escuchar a los propios profesores, visibilizar el rol y necesidades de directores/as y jefes/as técnicos de las escuelas (piezas claves en la implementación de este cambio), al igual que los asistentes de la educación, cuya carrera correrá por carriles paralelos, en algún momento que, ojalá, sea pronto.

No debiesen quedar rezagadas las educadoras de párvulo, ni debiese invisibilizarse lo técnico profesional y el mundo rural, que, a la larga, concentran, respectivamente, la mitad de la matrícula y cantidad de escuelas de Chile.

No puede avanzarse mezquinamente en la necesidad más sentida de los profesores: el tiempo.

No podemos tomar decisiones apresuradas. Calma y tiza, como dice el dicho.

¿Qué sigue? Los parlamentarios, a estudiar el tema, siendo todo lo “mateos” que puedan llegar a ser. La sociedad civil, a descifrar el proyecto de ley y rediseñar las propias propuestas, aportando constructiva y ciudadanamente al debate. Los profesores están llamados a eso y más, porque son los protagonistas de la discusión y habrán de serlo en el gran cambio que supone el mejoramiento del estatus y condiciones del profesorado en Chile.