7 junio, 2016
Columna escrita por Mirentxu AnayaPresidenta Ejecutiva de Educación 2020Publicada originalmente en La Tercera La educación es un derecho fundamental. Es la base para una sociedad más justa, democrática y participativa, y por eso el Estado debe ser proveedor y garante de ella. Lograr esto en educación superior requiere dos elementos centrales: entender que el modelo […]
Columna escrita por Mirentxu Anaya
Presidenta Ejecutiva de Educación 2020
Publicada originalmente en La Tercera
La educación es un derecho fundamental. Es la base para una sociedad más justa, democrática y participativa, y por eso el Estado debe ser proveedor y garante de ella. Lograr esto en educación superior requiere dos elementos centrales: entender que el modelo de mercado no funciona como regulador de la oferta y la calidad; y fortalecer las instituciones públicas, sustentando en ellas el desarrollo de este nivel educativo.
Sobre lo primero, si bien las instituciones estatales “están al debe” (el 17% de sus estudiantes están en instituciones acreditadas por sólo tres años), la situación en el mundo privado está lejos de ser más alentadora. El 23% de los matriculados en universidades privadas van a instituciones de tres o menos años de acreditación, y un 9% de jóvenes estudian en universidades sin acreditación. Asimismo, la deserción al primer año en las universidades privadas llega al 28%, cifra más alta que la vista en las universidades públicas (21.7%).
Sobre lo segundo, Chile no cuenta con oferta pública en la educación técnica superior (recién este año se aprobó la creación de 15 CFT estatales) y las universidades de propiedad estatal apenas cubren el 27% de la matrícula universitaria. Asimismo, menos del 50% de los recursos administrados por estas universidades corresponde a aportes institucionales. El Estado no ha sido capaz de garantizar una educación de calidad en el nivel, ni siquiera en las instituciones que le pertenecen.
El fortalecimiento de la educación pública debe considerar necesariamente entonces un aumento en su oferta, con foco en el desarrollo regional; un nuevo financiamiento, que contemple aportes basales asociados a investigación, extensión y vinculación con el medio; y la desburocratización de la administración y gestión, terminando con el excesivo control que hoy atenta contra su eficiencia.
Apostar en serio por un sistema mixto exige asegurar el desarrollo de nuestras instituciones públicas. En educación no basta con que el gato cace ratones, también importa su color.
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