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Aprender entre rejas: El esquivo derecho a la educación para infancias y juventudes vulneradas

17 agosto, 2018

El derecho a la educación, tan conocida como la “mejor arma contra la injusticia”, se niega sistemáticamente a niños, niñas y adolescentes que llegan a centros del Sename. ¿Qué hacer frente a esto? Asegurar un mayor financiamiento y disponer de estrategias diferenciadas que garanticen la pertinencia en su atención son dos de los principales caminos. […]



El derecho a la educación, tan conocida como la “mejor arma contra la injusticia”, se niega sistemáticamente a niños, niñas y adolescentes que llegan a centros del Sename. ¿Qué hacer frente a esto? Asegurar un mayor financiamiento y disponer de estrategias diferenciadas que garanticen la pertinencia en su atención son dos de los principales caminos. Chile ha violado de manera sistemática los derechos de niños y niñas, sobre todo en materia educativa. La misma semana que un informe de la ONU reveló este dato, se aprobó una indicación en la Comisión de Educación de la Cámara que en ese entonces rechazaba un aumento de subvención para escuelas emplazadas en cárceles u hospitales y aquellas dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename). Y aunque luego se rectificó la medida, lo cierto es que el problema de fondo todavía espera una solución. Si bien la cobertura de la educación escolar ha experimentado un significativo crecimiento, aún hay personas a quienes este derecho les resulta esquivo. Por años, miles de niños, niñas y jóvenes que sufren permanentes vulneraciones a sus derechos (desde sus familias, territorios e instituciones del Estado), siguen un camino común: llegan a los centros del Sename, a las residencias operadas por sus instituciones colaboradoras y, en los casos más extremos, a las cárceles. Ahí, como todos saben, tampoco se les devuelve la oportunidad de acceder a una educación de calidad, una clave para salir del círculo de vulnerabilidad. Loreto Jara, profesora e investigadora de Política Educativa de Educación 2020, manifiesta que “la educación —que es considerada por muchos como la mejor arma contra la injusticia y el principal mecanismo para el ejercicio de la ciudadanía y la reinserción—, no ha sido considerada adecuadamente en estos casos. Y después de negar sistemáticamente este derecho, nos preguntamos cómo es posible que en nuestra sociedad haya tanta violencia y delincuencia”. Falta de recursos ¿Cómo funciona el proceso educativo en caso de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad o que han sido infractores de Ley? El escenario es complejo, pero en términos generales, las y los menores de 18 años que requieren de protección especial —ya sea que se encuentren en familias de acogida, residencias de protección o centros cerrados— deben incorporarse a procesos educativos regulares y participar de programas de protección especializada en intervención educativa, para apoyar ese proceso. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto no ocurre. El reciente informe de la niñez que entregó la ONU al Estado de Chile, revela que un 19,8% de los niños, niñas y adolescentes de estos centros están con retraso escolar y de éstos, 21,7% no recibe apoyo en las tareas. Un 7% no sabe leer y/o escribir y un porcentaje similar no va a la escuela. El documento agrega que: “La gran mayoría de los NNA frecuentan escuelas públicas, donde ni los profesores ni el personal está capacitado y sensibilizado para la situación particular de estos NNA y, por lo tanto, no proporcionan la atención necesaria. En algunos casos las residencias tienen sus propias aulas escolares, lo que implica el aislamiento social de los NNA. Ambas situaciones no contribuyen a compensar, eliminar o minimizar los efectos de las vulneraciones de los NNA y tienen graves consecuencias en su desarrollo educativo”. A pesar de que estos contextos educativos son de mayor complejidad, no existen políticas especiales y sistemáticas por parte del Estado para garantizar el acceso a educación. Así lo confirma Osvaldo Valenzuela, profesor que ha trabajado durante ocho años con personas privadas de libertad, quien precisa que “la política pública ve el tema como ley general, sin ver las particularidades ni hacer las bajadas para estas modalidades”. Además, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2016) revela que en materia de financiamiento, por ejemplo, la subvención que reciben los centros cerrados del Sename es inferior a la educación regular, y además, la entrega de recursos depende de la asistencia, que es un factor muy variable en estos contextos (por los términos de condena o la transferencia a otros recintos). A esto se suma el hecho de que los establecimientos que imparten educación de adultos (que permite cursar básica o media en menor tiempo) no pueden postular a la Subvención Escolar Preferencial. Al no contar con los recursos para financiar un establecimiento, algunos de los centros del Sename sólo tienen acceso a un Proyecto de Reinserción Educativa, al que, además, se debe concursar cada año. El informe del INDH también señala que en muchas ocasiones la infraestructura es deficiente y los docentes no cuentan con preparación para desempeñarse en establecimientos educativos que atienden a población privada de libertad o en contextos de vulnerabilidad. “Actualmente, no existe formación para los estudiantes de pedagogía, ni perfeccionamientos sobre cómo abordar el aprendizaje en estos espacios, donde los estudiantes tienen particularidades que no se pueden obviar”, dice Loreto Jara. Al respecto, Ignacio Moya, coordinador de un programa para la reinserción que funciona en el centro CREAD Pudahuel Sename, manifiesta que “ningún centro de formación docente prepara a profesionales para atender en este contexto. Son los mismos docentes los que se han ido especializando a partir del trabajo, del día a día y del compromiso, porque estos son espacios precarios a nivel laboral”. En esto coincide Valenzuela, quien añade que “hay un proceso de sistematización de prácticas pedagógicas en condiciones de privación de libertad que está todavía en un estado incipiente”. Jara agrega que los centros del Sename, a través de su oferta educativa, deberían cumplir un rol formativo, generando mecanismos que permitan una reinserción exitosa. “Sin embargo, lo que ocurre es que tenemos centros sin recursos para ofrecer una educación adecuada que favorezca la reintegración de los niños, niñas y jóvenes”, dice. ¿Qué hacer? 1. Asegurar el financiamiento: Para resolver la urgencia del problema, es necesario crear una subvención específica para las escuelas cárcel, centros dependientes del Sename y proyectos de reinserción educativa. Sin embargo, la solución al problema de fondo es un sistema que asegure recursos, reduciendo el peso de la asistencia. Esto cobra especial importancia en estos casos, donde la permanencia en los centros depende de varios factores y muchas veces es transitoria. 2. Incorporar la educación a la reforma del Sename: Se debe integrar muy claramente el tema educativo a la reforma global del Sename y establecer prioridades educativas dentro del Acuerdo Nacional por la Infancia, planteado por el Gobierno actual. 3. Fortalecer la labor directiva y pedagógica: Se debe implementar adecuadamente la Carrera Docente, de modo que estudiantes de contextos caracterizados por alto nivel de vulnerabilidad y vulneración de sus derechos, tengan profesores y equipos directivos que también sean del más alto nivel. 4. Mejorar la articulación entre las instituciones: El gobierno local, la unidad educativa y Gendarmería deben establecer diálogos fructíferos que tengan como centro la educación de las y los jóvenes y adultos que quieren participar de un proceso formativo de calidad. Para ello, estas escuelas necesitan del personal idóneo, la infraestructura adecuada y las condiciones que se requiera para una adecuada implementación del currículum. 5. Contar con la voluntad y acuerdos políticos: Es posible que esto sea mucho más fácil de conseguir, entendiendo que en todo el espectro político hay consenso en la necesidad de reducir las vulneraciones de derechos y los índices de delitos cometidos por menores de edad. La respuesta no está en ningún caso en reducir la edad de la responsabilidad penal: la respuesta está en resolver las causas del problema y en entregar soluciones que se acomoden a una realidad crecientemente compleja, que es necesario resolver con urgencia.

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