Acceso a la educación superior: la reforma que no cambia

Se vienen los resultados de una nueva PSU y seguimos acarreando los estigmas de este sistema de admisión que ha terminado con los sueños de miles de jóvenes que desean estudiar en la universidad. Un sueño que, para mucha gente, se ve difuso al momento de conocer su puntaje y reflexionar sobre sus 4 años de estudio en la enseñanza media, los que no fueron suficientes para poder concretar lo anhelado.

Al momento de introducir esta columna, es imposible no recordar lo que vivimos hace algunos años atrás cuando entramos a la universidad, ya que fue un proceso que nos marcó. Era un momento decisivo en nuestras vidas: escoger una carrera y una universidad.

Era una decisión importante que se debía tomar rápido. Cada uno de nosotros concuerda en que la PSU es una prueba demasiado estandarizada, discriminatoria, estresante y determinante como para ser el mecanismo definitivo de ingreso a la educación superior, la que decide por nosotros sobre lo aptos que somos para comenzar una carrera.

Por eso, el 2011 nació una generación que pide cambios concretos en este sistema. Las propuestas del movimiento estudiantil de ese entonces fueron: fin al lucro, con procesos de revisión de instituciones conexas a la educación superior, y recuperación de la educación pública, ya que a lo largo de los años la educación se ha convertido en una fuente económica para el sector privado. El gobierno de turno, encabezado por Sebastián Piñera, hizo caso omiso a las demandas estudiantiles, con una frase que engloba su pensamiento: “Nada es gratis en la vida”.

En 2013, se produjo un cambio de gobierno. Durante las elecciones, los nueve candidatos presidenciales recogieron las demandas estudiantiles que se enfocaban en hacer más inclusiva y equitativa la educación.

Un ejemplo es Michelle Bachelet, que se hacía partícipe de las demandas estudiantiles, proponiendo en su programa, en materia de acceso a la educación superior: acceso de equidad, desarrollar programas de reforzamiento y acompañamiento para los estudiantes vulnerables, que se rigen por el sistema de aranceles que son determinados por el Mineduc, un nuevo programa para incrementar la equidad en el acceso a la educación superior,  que contrapese el sesgo socioeconómico existente en los requisitos académicos. Según datos del Servel, estas políticas públicas le permitieron ganar las elecciones con un 62,16%.

Este 2016, la presidenta presentó un proyecto de Ley de Educación Superior, en el que establece ciertos criterios en materia educativa. Por ejemplo en el punto 3 sobre los desafíos del proyecto, se refiere a la equidad en el acceso, especificando que durante los últimos años la cobertura de estudiantes universitarios avanza en un 39,3%, similar al promedio de los países de la OCDE.

“En consecuencia, no es posible conocer el perfil real de todos los estudiantes que ingresan a la educación superior y, por lo tanto es imposible evaluar correctamente el aporte de las instituciones a la formación de sus estudiantes. Asimismo, esa carencia impide el diseño de procesos de acompañamiento o de apoyo que refuerza el desempeño académico en la permanencia de los estudiantes en la carrera o programas”, dijo la presidenta en su cuenta pública el 21 de mayo. Este mensaje no nos habla sobre cuál será el mecanismo de acceso a la universidad.

Como solución a este problema, que el Estado no asume, proponemos ejemplos como España, que ha implementado políticas públicas contra la desigualdad. Por ejemplo, una vez que culmina la educación secundaria, comienza el periodo de educación secundaria superior, que tiene una duración de dos cursos académicos, generalmente cursados entre los 16 y los 18 años. Ofrece a los estudiantes dos posibilidades, el Bachillerato (rama general), que consta de tres modalidades de bachillerato distintas (Ciencias Humanidades y Ciencias Sociales y Artes) y la Formación Profesional de grado medio (rama profesional).

En el caso de Chile, proponemos un sistema de programa bachillerato, distinto a los que existen actualmente, para que los estudiantes desarrollen sus capacidades y aptitudes en este proceso. Sería un ingreso inclusivo a la educación superior, superando las falencias de conocimientos de la enseñanza media (científico humanista vs técnicos). A su vez, sería positivo que el programa PACE amplíe su cobertura de estudiantes y de instituciones de educación superior. Para ello, es necesario implementar recursos económicos además de las voluntades políticas que permitan que este programa sea una política que trascienda los gobiernos de turno. Así, avanzaríamos en alternativas de acceso que disminuyan los sesgos que refleja la PSU.

En conclusión, somos nosotros la generación del siglo XXl, la que tiene el deber de presionar a las autoridades para que los cambios, puedan llegar por medio de nuevas movilizaciones, como nos dice el gran Nelson Mandela: ‘’La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo’’. Esta lucha puede producir un cambio radical en este sistema, como consejo proponemos tener más cuidado con los posibles candidatos presidenciales, ya que se acerca una nueva elección y no podemos caer en los mismos errores.