Urgencia 2020: carrera docente

10 Sep
Urgencia 2020: carrera docente

En estos días se discute en el Congreso un proyecto de ley crucial: el sistema de promoción y desarrollo profesional docente inicial. Está escrito en todos los informes internacionales: los mejores sistemas educativos del mundo son aquellos capaces de captar, formar y retener a los mejores egresados de la enseñanza media para la profesión docente

Columna de Mario Waissbluth, publicada originalmente en Voces de La Tercera el 9 de septiembre de 2013.

En estos días se discute en el Congreso un proyecto de ley crucial: el sistema de promoción y desarrollo profesional docente inicial. Está escrito en todos los informes internacionales: los mejores sistemas educativos del mundo son aquellos capaces de captar, formar y retener a los mejores egresados de la enseñanza media para la profesión docente. Cada año en que esto deja de ocurrir, es otro año perdido para el futuro de los escolares y el país. Cada año que ingresa un nuevo profesor carente de competencias a las aulas, se generan daños irreversibles.

A inicios del 2012 el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de carrera docente francamente funesto. En suma, preso de sus propias ansias ideológicas privatizadoras, aquel proyecto generaba condiciones financieras que favorecían grotescamente al sector particular subvencionado frente al municipal.

La nueva ministra Schmidt tuvo el buen tino y capacidad de diálogo como para elaborar un proyecto de ley “corta”, en todos aquellos aspectos que pudieran suscitar consenso, sobre este tema que es sin duda una de las principales reformas educativas. Esta nueva versión no abarca todas las materias relacionadas con la remuneración, condiciones laborales e incentivos de los profesores públicos y privados actualmente en ejercicio, pero apunta en la dirección correcta y debe, con los perfeccionamientos adecuados, aprobarse a la brevedad posible.

Los grandes méritos de la propuesta

En primer lugar el proyecto, correctamente, no hace distinción en su aplicabilidad al sector particular subvencionado por el Estado y el municipal,  por lo que levanta la principal restricción respecto a la versión anterior. En lo fundamental, el proyecto establece:

a)      Requisitos mínimos para ingresar a estudiar pedagogía. Son todavía “pobres pero honrados”, pero es ciertamente un avance respecto al total libertinaje actual, que ha fomentado la proliferación de una población de estudiantes de pedagogía que es el triple de la necesaria. Ellos están siendo engañados y endeudados, como lo demuestran los patéticos resultados de la última encuesta nacional de alfabetización de adultos y los resultados de la prueba INICIA.

b)      Para ejercer la docencia en la educación subvencionada por el Estado, pública y privada, este proyecto hace obligatorio un Examen Inicial de Conocimiento y Habilidades Docentes, lo que va más allá de la voluntaria prueba INICIA y, aunque todavía no está definido con precisión, agrega la crucial palabra “habilidades”. Un buen profesor no es sólo alguien capaz de llenar con circulitos la hoja de preguntas de un test estandarizado.

c)       Otorga importantes incentivos monetarios por 4 años a los mejores profesores que estén ingresando a ejercer la carrera docente en el sector subvencionado, entregando así una potente señal a los egresados de enseñanza media. Ahora no sólo contarán con becas para estudiar pedagogía, sino que verán un futuro laboral mucho más promisorio.

d)      Reduce de 75% a 70% la intolerable proporción de horas-aula para todos los profesores, nuevos y antiguos. Si bien esta es una gota de agua en el mar (en los países avanzados esta proporción está en 60% o 50%), es un avance, y para lograr más que eso los ingentes recursos financieros requeridos deberán financiarse con… una obvia reforma tributaria. Establece además la potestad de la Superintendencia para vigilar que estas condiciones laborales se cumplan efectivamente, pues hasta ahora ni eso se cumple. Muchos profesores hacen de facto 100% de horas-aula, salvo los recreos y el almuerzo.

e)      Asimismo, se establece la obligación de que el sostenedor utilice verdaderamente los recursos destinados a incentivos en los profesores, y permite a la Superintendencia vigilar esta situación, evitando el desvío de recursos a otros propósitos confesables o inconfesables.

f)       Aumenta significativamente los montos del incentivo de Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP), que hoy se asigna a los profesores que rinden satisfactoriamente un examen de conocimientos y aprueban además un portafolio. Al ser aplicable a los nuevos profesores una vez cumplidos cuatro años de profesión, estos podrán tener continuidad en sus remuneraciones. Potente señal.

g)      Permite a cualquier profesor en la carrera docente actual postular a estos incrementos de remuneración, bastando para ello aprobar los requisitos de la AEP, lo cual es una ventaja indudable en materia de equidad de tratamiento de los nuevos respecto a los antiguos profesores.

Lo que debe mejorar

Como puede verse, esta reforma es crucial y contiene muchos aspectos positivos que no debemos “farrearnos” de ninguna manera. Pero por lo mismo, debe aprobarse con todos sus detalles bien pulidos, pues no se puede andar legislando cada par de años confundiendo las señales del sistema. La actual versión presenta algunas deficiencias. Me perdonará el lector por la lata de entrar en estos detalles, pero el problema es que hay demasiado en juego.

Lo que debe mejorar:

a)      En su nueva versión, el proyecto permite otorgar incentivos a los profesores que comienzan su carrera, por el mero expediente de haber obtenido un elevado puntaje PSU ANTES de iniciar sus estudios de pedagogía, o bien haber tenido buenas notas en el colegio o durante los estudios de pedagogía, además de buenos resultados en este nuevo Examen Inicial.  Como lo comenté en mi post anterior (“Poda Curricular”) todo el sistema chileno está orientado a formar profesores y alumnos que contesten pruebas estandarizadas, minimizando las habilidades de expresión oral, escrita, o la capacidad para establecer relaciones interpersonales. En el extremo, un joven que contrató un preuniversitario para sacar 650 puntos, pero que sea incapaz de relacionarse con seres humanos adultos o jóvenes, puede terminar ganando una remuneración mayor que un profesor de  10 años de experiencia, con grandes habilidades para conducir y motivar un aula. Esto no puede ser. Todo incentivo que reciba un profesor debe realizarse previa aprobación de un portafolio que incluya la video-grabación de una clase, lo que es exigente, que sí discrimina adecuadamente, y que tiene adecuada capacidad predictiva respecto a los resultados de los alumnos, como lo han demostrado los estudios de MideUC.

b)      El proyecto ofrece incentivos relacionados con la AEP únicamente a profesores que están contratados por un mínimo de 20 hrs. semanales. Lamentablemente, muchos sostenedores abusan de los contratos de tiempo parcial. Si un buen profesor aprueba los requisitos y trabaja aunque sea 5 horas semanales, o bien trabaja 9 hrs. en una escuela y otras 12 hrs. en otra, debe recibir los incentivos de igual manera.

c)       El presente proyecto establece la obligatoriedad del Examen Inicial de Conocimientos y Habilidades, pero no establece restricciones mínimas. En otras palabras, si bien se ofrecen incentivos para los que obtengan un buen resultado en el mismo, no se impide que un egresado pueda obtener pésimos resultados y aun así entrar a ejercer a una escuela subvencionada. En otras palabras, el examen inicial no es habilitante y debe serlo. Cada profesor mal preparado dañará en su vida profesional el futuro de aproximadamente 2000 alumnos, y esto no debe permitirse ni un día más. Si las universidades entregan cartones espurios, y sus egresados no superan un cierto estándar mínimo, son estas las que deben hacerse responsables.

d)      El proyecto, correctamente, establece la obligación de haber estudiado en una carrera de pedagogía acreditada para otorgar los incentivos. Paradojalmente, esto no debiera ser necesario puesto que la ley estableció hace 4 años la obligatoriedad de acreditación de estas carreras. Pero… como este es un mercado libertino, hay muchísimas carreras que aún no cumplen con este requisito. El proyecto es entonces correcto pero, ¿qué hacer para no dañar a aquellos promisorios estudiantes de pedagogía, que estudian en instituciones cuyos “dueños” no se han tomado la molestia de acreditarse? Hay que facultar en esta Ley al Consejo Nacional de Educación para cerrar carreras de pedagogía que no acrediten dentro de los 12 meses posteriores a la aprobación de la misma. Se acabó el recreo del libertinaje.

e)      Dada la tradicional tendencia de algunos traficantes en títulos universitarios, es necesario que, en esta ley, se modifiquen algunos incisos de la actual Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (sin esperar a la nueva ley de acreditación también en trámite), paraimponer como obligatoria la necesidad de cumplir con los requisitos mínimos de ingreso a estudios de pedagogía que este proyecto de ley establece para poder acreditarse. El sistema está demasiado lleno de facilidades para eludir las legislaciones existentes, y estas ventanas deben cerrarse. Por otro lado, hay quienes opinan que todas las carreras de pedagogía debieran re-acreditarse más seriamente. Nos encantaría la idea, pero por consideraciones prácticas, dado el elevado número de carreras, esto obligaría a retrasar el inicio de la vigencia de esta promisoria ley en varios años. En esta materia específica, lo perfecto sería enemigo de lo bueno.

En fin, estimado lector, perdón por lo que pudiera parecer “laterismo legisativo”, pero en Educación 2020, cuya posición formal en este tema es la que acabo de exponer, hemos aprendido que muchas veces el futuro de la educación se juega en la letra chica de la ley.

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