Institucionalidad educativa obsoleta

07 Ago
Institucionalidad educativa obsoleta

En los últimos quince años hemos tenido doce ministros de Educación, que han debido pasar por una verdadera moledora de carne.

Carta al director de El Mercurio
Publicada el 4 de agosto de 2017

Los vertiginosos períodos de cuatro años sin reelección postergan cualquier discusión sobre la institucionalidad con que Chile maneja sus asuntos educativos. En los últimos quince años hemos tenido doce ministros de Educación, que han debido pasar por una verdadera moledora de carne, y experimentamos con muchos bandazos e iniciativas de toda índole, basadas en sospechas ideológicas poco sustentadas en evidencia rigurosa local o mundial. La experiencia internacional muestra que no hay éxito educativo si no se logra un mínimo de estabilidad y visión de largo plazo.

Es por ello que en la propuesta que ha publicado Educación 2020, que contiene 30 prioridades para el 2030 (www.elplande2020.cl), hemos incluido tres que están directamente relacionadas con este problema.

La primera tiene que ver, precisamente, con la necesidad de tener una política de Estado y no de gobierno. Por ello, proponemos la formalización por ley de un Plan Nacional de Educación, que señale visiones, rumbos, prioridades técnicas, legislativas y financieras para un plazo de diez años, incorporando revisiones cada tres. Este instrumento sería indicativo y no necesariamente mandatorio para el gobierno de turno. La democracia debe respetar al electorado y los programas de gobierno, pero a la vez hay que establecer políticas que aborden educación inicial, escolar y superior con visión de Estado y de largo plazo. Es imprescindible conciliar ambos enfoques.

Sería necesario dotar adicionalmente al Consejo Nacional de Educación de la facultad y capacidad organizacional para elaborar este Plan Nacional. Además, cada año tendría la misión de emitir informes públicos independientes sobre el desarrollo del mismo, el estado general del sistema educativo y una opinión ante el Congreso respecto de los presupuestos en educación. Esto implicaría además cambiar la fórmula de designación de todos los cargos del Consejo, para darle mayor autonomía, incluida la presidencia del mismo.

En segundo lugar, y contingente con la discusión legislativa sobre educación superior, parece extremadamente inconveniente que las determinaciones de aranceles de referencia, cupos, políticas crediticias, y otras disposiciones clave de un sistema que moviliza cerca de US$ 5 mil millones anuales en entidades que deben planificarse a largo plazo, públicas y privadas, queden sujetas al arbitrio de un ente político como es cualquier ministerio, dependiendo de las decisiones e inclinaciones del gobierno de turno.

Por ello, proponemos la creación de una figura con ciertas analogías con el Higher Education Funding Council for England, con considerablemente mayores grados de autonomía y estabilidad, que dé garantías a todos los actores del sistema en cuanto al establecimiento de variables regulatorias y financieras clave, dejando como materias de ley solo las orientaciones generales. Podría perfectamente estar alojada o ser dependiente del Consejo Nacional de Educación, con la nueva estructura y atribuciones arriba mencionadas.

Finalmente, debemos hacernos cargo de que la orgánica del Ministerio de Educación terminó de colapsar. Mas allá de sus roles en la definición de políticas educativas, este ente administra US$ 13.500 millones anuales, casi un cuarto del presupuesto público, ya sea otorgándolos o fiscalizándolos, en transacciones con un sinnúmero de colegios, sostenedores (públicos y privados), estudiantes, universidades, institutos, becarios y docentes, a través de una absurda cantidad de partidas programáticas, eso sin contar sus servicios dependientes.

Las escuelas públicas y privadas están asimismo aplastadas por una verdadera lápida burocrática de normas, fiscalizaciones, inspecciones y sanciones que hacen casi imposible concentrarse en la calidad, y esto podría derramarse a la educación superior con mucha facilidad. Por ello, proponemos una reorganización integral y simplificación burocrática del ministerio, en un proceso que comience a la brevedad y se complete en ocho años. Como están las cosas, si no se comienza ahora, este ente no podrá implementar efectivamente ninguna reforma, de la orientación que sea.

Mirentxu Anaya
Mario Waissbluth
Fundación Educación 2020

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