Educación 2020: “La gratuidad como se aprobó no es la solución financiera a la educación superior”

18 Jul
Educación 2020: “La gratuidad como se aprobó no es la solución financiera a la educación superior”

La fundación analizó los cambios que la Cámara de Diputados aprobó para la educación superior. Destaca la creación de una Superintendencia y del marco de cualificaciones. Lo pendiente: que el financiamiento no se reduzca a la gratuidad y existan recursos basales y que educación superior deje de ser sinónimo de universidad.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea un Sistema de Educación Superior. Así, este eje de la reforma educativa concluye el primer trámite para convertirse en ley. “Se aprobó todo lo que era importante, como la Superintendencia o el marco de cualificaciones”, destacó Mathias Gómez, investigador de Política Educativa de Educación 2020. Sin embargo, el experto también reconoce pendientes.

“Hay temas estructurales que no se están cubriendo. Otra vez está invisibilizada la educación técnica, no se está discutiendo el sentido de los CFT y los IP, cuando se habla del CRUCH es sólo universidades. La gratuidad como se aprobó no es la solución financiera a la educación superior, es necesario entregar recursos a las instituciones para investigación y desarrollo”, puntualizó Gómez.

Educación 2020 revisó punto por punto lo aprobado ayer en la cámara y comparó  estos ítems con su “Plan Nacional de Educación”, un diagnóstico con 30 propuestas para cambiar Chile desde la educación, que difundirán próximamente.

Gratuidad para el 60% más pobre y la promesa del fin CAE

Lo bueno y lo pendiente de lo que se aprobó ayer, según Educación 2020.

1. Se crea la Superintendencia de Educación Superior. Es el mejor instrumento para empezar a “ordenar la casa”. Fiscaliza a todas las instituciones de educación superior (CFT, IP y Ues), que además deberán estar acreditadas sí o sí para funcionar. Con sus facultades, la Superintendencia podrá evitar casos como los de la Universidad del Mar. Es un “prevenir antes que curar”.

2. Se crea un marco nacional de cualificaciones. Aunque no es un ítem muy noticioso, es un cambio importante para garantizar la calidad de las carreras, en especial de las técnicas. Este marco crea un lenguaje común para ordenar los perfiles de egreso. Es decir, establece qué significa una carrera cuando se estudia, cuando se imparte y cuando se ejerce, para todo el sistema.

3. Gratuidad para el 60% más pobre en 2018. Es un avance al garantizar el derecho al acceso a la educación, pero tensiona la calidad. La gratuidad a través del pago de los aranceles de los estudiantes (financiamiento a la demanda) no cubre todos los gastos de las instituciones de educación superior (IES). Entonces, entre más inclusiva es una institución, menos dinero recibe. La consecuencia es que las IES deben sacrificar recursos destinados a investigación o infraestructura para financiar la docencia. Este problema afecta la calidad y se agudiza cada vez que se amplía la cobertura. Lo mejor es que haya un equilibrio entre financiamiento a los aranceles (a la demanda) y basal (a la oferta). Esto es reparable en la medida en que se inviertan recursos en fondos para desarrollo de las IES.

4. El CAE continúa hasta el año 2019. El proyecto dice que se terminará con el Crédito con Aval del Estado en 2019 siempre que exista otro crédito que lo reemplace. Se prometió el ingreso de este proyecto para el 7 de noviembre, hasta entonces, el anuncio de terminar con el CAE es letra muerta. En la práctica, en el proceso de admisión 2018 seguirá existiendo el CAE.

5. El CRUCH se abre para más instituciones. Se aprobaron las condiciones que deberá cumplir una universidad para entrar al CRUCH, como que esté acreditada por 5 años y tenga 15 años de existencia. El problema: sigue siendo el órgano articulador de la educación superior sin considerar a instituciones técnicas como CFT e IP. 

¿Qué viene ahora? Al ser aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto termina su primer trámite constitucional. Ahora va la Comisión de Educación del Senado. Allí, todo esto podría cambiar. Es probable que el proyecto sea despachado por el Senado y aprobado durante este gobierno, para garantizar que la gratuidad sea una ley permanente y no sólo una ley del presupuesto anual.

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